Somos Pueblo – Santo Domingo, República Dominicana. — Un grupo de senadores ha sometido una propuesta de modificación a la Ley General de Salud (42-01) con el objetivo de sancionar penalmente a los centros de salud que retengan pacientes o cadáveres por deudas económicas. El proyecto se encuentra en discusión en el Congreso Nacional, como parte de un esfuerzo legislativo conjunto entre senadores y diputados para aprobar reformas pendientes antes de que concluya el actual período legislativo en julio.
La propuesta plantea una enmienda específica al artículo 28, literal B, de la referida ley, con el fin de establecer que “no se le impida salir de una clínica u hospital a un paciente, ni se retenga el cadáver de un familiar por falta de pago de los servicios médicos ofrecidos por dichas instituciones”. Esta modificación busca reforzar el respeto a los derechos fundamentales de los pacientes y familiares, particularmente en situaciones de emergencia médica.
Durante la sesión del martes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confirmó que se ha invitado formalmente a la Cámara de Diputados a participar en una comisión bicameral, con el objetivo de estudiar y consensuar esta y otras iniciativas legislativas rezagadas.
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de al menos siete senadores y responde a diversas denuncias públicas sobre centros médicos que han condicionado la entrega de pacientes o cuerpos sin vida al pago total de facturas hospitalarias, una práctica que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares de afectados.
Además de establecer sanciones penales para las instituciones que incurran en estas prácticas, el proyecto incluye la posibilidad de que el Estado debite directamente de los impuestos anuales que deben pagar las clínicas las deudas correspondientes a los servicios prestados en situaciones de emergencia, cuando los pacientes o sus familiares no puedan cubrir los costos.
Los legisladores proponentes sostienen que esta reforma es necesaria para fortalecer la regulación y supervisión de los prestadores de servicios de salud, y garantizar que se actúe conforme a principios éticos, médicos y legales en contextos delicados como emergencias médicas o fallecimientos.
El proyecto continúa en fase de estudio y discusión legislativa. Su aprobación requerirá el consenso de ambas cámaras del Congreso Nacional, así como la revisión de los aspectos técnicos, jurídicos y presupuestarios implicados.
