Somos Pueblo | El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que los supuestos cobros de cuotas a servidores públicos para financiar movimientos políticos no representan al Gobierno. Se informó que estas declaraciones surgen tras las denuncias de presunta mala administración en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) e instituciones como el ITLA. Se alega que el presidente Luis Abinader mantiene una postura firme de transparencia frente a este tipo de situaciones. Se presume que el oficialismo busca distanciarse de prácticas que empañan la gestión pública actual.
Paliza puntualizó que el Gobierno posee los mecanismos necesarios para determinar la veracidad de estas supuestas recaudaciones irregulares entre los empleados estatales. Se informó que, de confirmarse estas acciones, serían calificadas como conductas inoportunas que conllevan el reproche y las sanciones correspondientes del partido. Se alega que, aunque algunas de estas prácticas no sean técnicamente ilegales, carecen de la moralidad requerida en la administración de los fondos. Se presume que la dirección ejecutiva del PRM discutirá este tema en su próxima reunión oficial.
Por otro lado, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, aseguró que hasta el momento no han recibido denuncias formales sobre estos supuestos cobros en el FEDA. Se informó que el Ministerio de Administración Pública (MAP) no tiene la potestad de controlar los aportes monetarios que los empleados deciden realizar de forma voluntaria. Se alega que el director del FEDA solicitó un acompañamiento técnico para mejorar los procesos internos de pagos a la nómina de la institución. Se presume que el control de estos aportes escapa a la supervisión directa del ministerio.
Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de los órganos de control para evitar que se repitan estos supuestos esquemas de recaudación política. Se informó que la transparencia sigue siendo el eje central del discurso gubernamental frente a los recientes cuestionamientos ciudadanos y de la prensa. Se alega que el país demanda una investigación profunda que aclare el destino final de las cuotas supuestamente descontadas a los servidores. Se presume que la vigilancia ciudadana no cesará hasta que se establezcan responsabilidades claras sobre estas denuncias de corrupción.
