Cada vez que el país se entera de que el Gobierno ha designado en un cargo a una persona sin calificaciones, por política, por nepotismo (y hay que decir que no queda hijo o hermano, o esposa o querida de un miembro del PLD que no esté nombrado), o por cualquier otra nefanda razón, decenas de contribuyentes se preguntan para qué están pagando impuestos.
Uno de los deberes constitucionales del presidente de la República es “velar por la … fiel inversión de las rentas nacionales”, es decir, de lo que recauda el Gobierno.
Como si no tuviésemos bastante con los niveles de corrupción que están a ojos vista, prácticamente no pasa un día sin que la población se entere de otro nuevo desaguisado en la Administración Pública.
El rumor público, que se puede comprobar en la nómina del Estado, señala la cantidad de “megadivas” que cobran sueldos de lujo en diversas instituciones del Estado; de los hijos de funcionarios en el cuerpo diplomático, muchos de los cuales nunca han salido del país y siguen cobrando en dólares religiosamente y de los que aparecen en la nómina de otros departamentos; de la “herencia” de cargos electivos que ojalá con el voto preferencial pueda evitarse y de las miles de oportunidades de negocio que se realizan bajo el manto del poder de los funcionarios.
Y no importa lo que se hable y lo que se demuestre, nadie en los departamentos de ética pública, de Administración Pública y entre los funcionarios encargados de aplicar la ley, se da por enterado.
La oposición no toca ese tema, ¿será porque aspira a hacer lo mismo?
ARTÍCULO PUBLICADO EN DIARIO LIBRE, REPLICADO POR SOMOS PUEBLO
