Somos Pueblo – Santo Domingo, República Dominicana – Las calles de Santo Domingo están siendo «secuestradas» por un creciente número de individuos que operan como «parqueadores» informales. Estos sujetos, sin ninguna autorización legal o fiscalización, han establecido un negocio ilegal donde cobran a los conductores por estacionarse en espacios públicos, utilizando obstáculos para «reservar» lugares en áreas de alta afluencia.
Este fenómeno se observa en prácticamente cualquier zona con concentración de personas: desde los alrededores de instituciones públicas y privadas como clínicas, hospitales, y dependencias del Estado en el Centro de Los Héroes, hasta lugares de entretenimiento como discotecas, iglesias, parques, y grandes avenidas como la George Washington, así como el Estadio Quisqueya durante eventos masivos. Incluso en días de paseo familiar, estos «parqueadores» encuentran una clientela constante.
Modus Operandi y Abusos Reportados
El accionar de estos individuos varía. Algunos aceptan una propina voluntaria, mientras que otros exigen un «pago» por un servicio no solicitado, llegando incluso a elaborar papelitos que simulan boletos con tarifas preestablecidas que pueden oscilar entre RD$100, RD$200 y hasta RD$300, especialmente durante eventos artísticos.
Para «reservar» los espacios, utilizan cualquier objeto a mano. Una vez que un conductor se estaciona, se acercan con expresiones como «Tamo aquí jefe», «Comando, váyase tranquilo, que disfrute» o simplemente «líder», a menudo acompañadas de una sonrisa interesada. Algunos, más discretos, colocan un trozo de cartón en el parabrisas y esperan el regreso del propietario para solicitar el pago.
La negativa a pagar puede acarrear consecuencias desagradables para los conductores. Se han reportado casos de vehículos rayados, retrovisores rotos o neumáticos desinflados como represalia. Anny Portorreal, una víctima, relató cómo fue insultada con «palabras obscenas» por un parqueador al no tener cambio, en presencia de sus hijos y su madre.
El Caso de «El Grande»: Otra Cara de la Informalidad
No todos los parqueadores actúan de la misma manera. «El Grande», quien opera desde hace más de 20 años en los alrededores de una conocida clínica, ejemplifica una vertiente distinta de este oficio informal. Él no exige una recompensa económica, sino que deja el pago a la «buena voluntad de la gente». Asegura haber mantenido a sus tres hijos con este trabajo, llegando a reunir hasta RD$3,000 al día. Recibe más dinero cuando, sin ser solicitado, limpia ligeramente los vehículos, recibiendo a cambio montos como RD$150, RD$200 o hasta RD$300. En una ocasión, una señora le dio cincuenta dólares por su servicio. «Yo no le cobro a nadie ni guardo parqueo, la gente me da lo que quiere», afirmó.
Postura de las Autoridades
Ante esta problemática, Diario Libre consultó a las entidades responsables.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), si bien es la entidad responsable de la movilidad vehicular, precisó que la regulación directa de esta situación no es de su competencia. No obstante, el Intrant manifestó su disposición a «motivar a las autoridades correspondientes, como la Sala Capitular y la alcaldía, a revisar y actuar en consecuencia». Recordó que los ayuntamientos son los únicos facultados para establecer arbitrios municipales, los cuales deben ser aprobados mediante ordenanzas y previa revisión legal.
Por su parte, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que la fiscalización y regulación del uso de las vías públicas (calles y avenidas) corresponde a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de conformidad con la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Dicha ley, específicamente en sus artículos 6, 7 y 9, otorga a la Digesett la competencia para supervisar la circulación vial, el estacionamiento y la seguridad en las vías.
La alcaldía destacó que la actividad de los «parqueadores informales» representa una «usurpación de funciones públicas», al cobrar tarifas por estacionamiento sin autorización legal. Si bien esta práctica no está tipificada como delito específico en el Código Penal, puede ser abordada desde el ámbito administrativo y contravencional. Sin embargo, puede escalar a lo penal si se presentan casos de intimidación, extorsión, amenazas o daños a la propiedad. La Alcaldía del Distrito Nacional afirmó estar trabajando de manera coordinada con la Digesett, la Policía Nacional y el Ministerio Público para enfrentar este fenómeno, desalojar a las personas que invaden espacios públicos y prevenir que los ciudadanos sean víctimas de abuso o extorsión.
