Participación Ciudadana ha solicitado la imposición de sanciones para los funcionarios que no cumplieron con la declaración jurada de patrimonio dentro del plazo legal, instando además a que sean sometidos al Ministerio Público para la correspondiente investigación, según lo estipulado por la Ley 311-14.
Tras el vencimiento del plazo para presentar la declaración, la ley ordena que la Tesorería Nacional retenga los salarios de los funcionarios que no hayan cumplido, hasta que se subsane la omisión. No obstante, algunos críticos consideran que estas sanciones son insuficientes para garantizar el cumplimiento.
Organizaciones de la Sociedad Civil subrayan la importancia de fortalecer la cultura de transparencia y cumplimiento de las leyes en el país. Según la normativa vigente, luego de la retención salarial, el Ministerio Público debe iniciar investigaciones para verificar el origen de los bienes de los funcionarios, sin importar si son nuevos, salientes o en funciones.
El último informe de la Cámara de Cuentas muestra que 120 diputados y 19 senadores entregaron sus informes completos. Sin embargo, aunque algunos ministros también han cumplido, aún no se ha especificado cuáles siguen pendientes de presentar la documentación.
Participación Ciudadana insiste en que es fundamental aplicar todas las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento de la normativa y luchar contra la corrupción en la administración pública.
