Somos Pueblo | La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó formal acusación contra diez personas físicas y siete empresas señaladas por su presunta implicación en una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.
Entre los acusados figuran el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la institución.
Asimismo, la acusación incluye a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas, además de Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Según la Pepca, los imputados habrían participado en un esquema presuntamente diseñado para beneficiar de manera irregular a determinadas empresas en procesos de licitación pública, utilizando contratos sobrevalorados y mecanismos de lavado de activos. Las investigaciones también señalan la posible triangulación de fondos y el uso de compañías de fachada para encubrir los movimientos financieros vinculados a los contratos adjudicados.
El Ministerio Público informó que la acusación fue depositada ante la jurisdicción correspondiente y que solicitará apertura a juicio contra los implicados. Además, se detalló que las siete empresas señaladas habrían operado como parte del entramado para desviar recursos públicos destinados a la modernización del sistema de gestión del tránsito y transporte.
La Operación Camaleón forma parte de una serie de investigaciones iniciadas por la Pepca con el objetivo de desarticular redes de corrupción en entidades públicas. Las autoridades reiteraron que el proceso judicial continuará conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia de los acusados.
