Somos Pueblo | Una investigación de Medios Panorama desmiente las declaraciones de Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quien calificó de «distorsión» el informe sobre los RD$13,000 millones adjudicados por el SNS. Se informó que Pimentel supuestamente conocía desde el año 2020 múltiples impugnaciones de empresas competidoras que alertaban sobre pliegos de condiciones «diseñados a la medida». Se alega que proveedores como Bio-Nuclear, S.A. y el Centro de Nutrición Clínica (CNC) denunciaron barreras financieras infranqueables, como la exigencia de inventarios previos de hasta tres millones de dólares. Se presume que la DGCP ignoró el efecto acumulativo de estas adjudicaciones, permitiendo la consolidación de un monopolio en los servicios de diálisis y nutrición.
La respuesta de Panorama se fundamenta en resoluciones administrativas y recursos jerárquicos que demuestran que la exclusividad no fue una consecuencia natural del mercado, sino del diseño de los procesos. Se informó que el SNS impuso plazos excesivamente cortos, de apenas diez días, para preparar ofertas de alta complejidad técnica y financiera. Se alega que estas condiciones otorgaron una «ventaja descomunal» a la empresa Macrotech Farmacéutica, la cual ya operaba los servicios y poseía la infraestructura instalada. Se presume que el órgano rector falló en su misión de garantizar la libre competencia, al no investigar por qué los requisitos técnicos replicaban exactamente la arquitectura empresarial del proveedor incumbente.
El reportaje detalla exigencias técnicas desproporcionadas que habrían servido como filtros para evitar la entrada de nuevos oferentes al sistema público. Se informó que el SNS requería poseer camiones de distribución, talleres de reparación y un inventario de más de 300,000 bolsas de soluciones antes de ganar el contrato. Se alega que estas barreras transformaron la competencia jurídica en una financiera, donde solo el actor dominante podía cumplir con los activos inmovilizados requeridos. Se presume que la reiteración de este modelo durante cinco años consecutivos ha generado una posición de dominio que la DGCP se ha negado a cuestionar estructuralmente, limitándose a validar la forma legal de los procesos.
Finalmente, Panorama sostiene que los datos presentados no son «impresiones», sino hechos documentados en expedientes oficiales que Pimentel no puede desmentir con retórica. Se informó que existen resoluciones de la propia DGCP que reconocen inobservancias procesales, como la apertura simultánea e indebida de ofertas técnicas y económicas. Se alega que defender la modalidad de exclusividad sin examinar sus efectos en el mercado es una renuncia a la función reguladora que la Ley 340-06 le asigna a su director. Se presume que el Estado dominicano ha permitido un esquema donde la excepción sustituyó a la regla, comprometiendo la transparencia y el acceso efectivo a la salud de los pacientes más necesitados.
