Medios Locales | A más de 27 meses de su promulgación, la Ley 34-23 para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) parece estar en camino al olvido. Se informó que, a pesar de las expectativas generadas en la comunidad, todavía no se han implementado las estructuras básicas que garanticen los derechos de esta población. Se alega que la falta de un reglamento de aplicación y de asignaciones presupuestarias claras ha impedido que la ley pase de ser un documento a una realidad palpable. Se presume que la inercia estatal está dejando desprotegidos a miles de niños y adultos que requieren servicios especializados.
Las familias de personas con autismo denuncian que la falta de centros de diagnóstico y terapias asequibles sigue siendo el principal obstáculo en el país. Se informó que el costo de los tratamientos privados es inalcanzable para la mayoría de los hogares dominicanos, quienes dependen de la supuesta voluntad del Estado. Se alega que las promesas de inclusión educativa y laboral consignadas en la pieza legislativa no presentan avances significativos en los ministerios correspondientes. Se presume que, sin una voluntad política real, la Ley 34-23 corre el riesgo de convertirse en otra normativa «muerta» que solo figura en los archivos del Congreso.
La preocupación aumenta entre las fundaciones y asociaciones que luchan por la visibilidad del TEA en la República Dominicana durante este año 2026. Se informó que el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) se encuentra supuestamente desbordado, con listas de espera que pueden durar años para una evaluación inicial. Se alega que la ley buscaba descentralizar estos servicios y obligar a las prestadoras de salud a cubrir los tratamientos necesarios, pero la supervisión es nula. Se presume que el incumplimiento de los plazos establecidos en la ley constituye una falta de respeto a la dignidad de las familias afectadas.
Finalmente, la comunidad exige una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo para saber si la inclusión ha dejado de ser una prioridad en la agenda nacional. Se informó que se han convocado diversas manifestaciones pacíficas para recordar a las autoridades que la población con autismo continúa esperando soluciones concretas. Se alega que no se puede hablar de progreso social mientras un sector tan vulnerable sea ignorado tras la aprobación de una ley que supuestamente los protegería. Se presume que la activación del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) es clave para rescatar esta legislación antes de que sea totalmente olvidada.
