Somos Pueblo | El primer mes del año 2026 cerró con un saldo de 19 personas fallecidas en incidentes a manos de agentes de la Policía Nacional y del Ejército. Aunque se registró una ligera reducción frente a las 23 muertes de enero del año pasado, la cifra mantiene encendida la alarma social sobre el uso de la fuerza letal. Se informó que, de los 110 homicidios totales registrados en el país, el 17.3 % fueron cometidos por oficiales del orden. Se alega que muchos de estos casos ocurren bajo el cuestionado patrón de supuestos intercambios de disparos.
Uno de los hechos más trágicos fue la muerte de Smerlin Solano Frías, de 24 años, quien falleció tras recibir un disparo de un agente en Hatillo. Se informó que el joven no participaba en la manifestación comunitaria, sino que regresaba de su trabajo cuando fue alcanzado por el proyectil. Se alega que la indignación en San Cristóbal es creciente debido a que los testigos contradicen la versión oficial de los uniformados actuantes. Se presume que la falta de protocolos de contención de masas sigue cobrando vidas de ciudadanos inocentes en las vías públicas.
Asimismo, el Ministerio Público reportó el feminicidio de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, supuestamente cometido por un teniente coronel del Ejército durante una discusión. Se informó que el oficial Samuel Elías Céspedes Valdez fue arrestado en flagrante delito tras arremeter contra la joven de 25 años. Se alega que otros casos involucran a personas como Víctor del Rosario y Payano Paredes, quienes habrían muerto en enfrentamientos tras ser localizados por órdenes judiciales. Se presume que la opacidad en las investigaciones posteriores contribuye a la percepción de impunidad en las filas castrenses.
Finalmente, persiste la preocupación por muertes en «zonas grises», como la de un individuo no identificado abatido en Santiago tras un supuesto asalto. Se informó que la ausencia de datos personales y de informes independientes sobre estos operativos letales dificulta la rendición de cuentas institucional. Se alega que, aunque los conflictos sociales y la delincuencia han aumentado la presión sobre la fuerza pública, la respuesta armada no siempre se ajusta a la ley. La vigilancia ciudadana exige una reforma policial profunda que priorice la preservación de la vida sobre el gatillo fácil.
