Santo Domingo. El próximo lunes 3 de noviembre de 2025, a exactamente 33 días de su depósito, el recurso de amparo de cumplimiento interpuesto por los activistas ambientales Hernani A. Aquino Hernández y Ricardo Ripoll, a través de sus abogados Licenciados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos y J. Rafael Cespedes Amparo, podría quedar en estado de fallo ante la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Esta audiencia representa un momento decisivo para la protección del medio ambiente y la salud pública en la República Dominicana, al exigir el estricto cumplimiento de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El recurso, radicado bajo el expediente 2025-025187, demanda a entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Pro Consumidor, la Liga Municipal Dominicana, FEDOMU y FEDODIM, así como a terceros como ADIPLAST, Centro Cuesta Nacional (Supermercados Nacional y Jumbo), Grupo Ramos (La Sirena) y Bravo S.A. (Supermercados Bravo). Con la intervención voluntaria del Defensor del Pueblo, el caso denuncia una “falla sistémica” en la implementación de la ley, que prohíbe desde el 2 de octubre de 2025 el uso de foam (poliestireno expandido) para embalaje de alimentos y bebidas, así como la entrega gratuita de fundas plásticas en establecimientos comerciales.
“Un fallo favorable del TSA sería un precedente invaluable para la justicia ambiental en el país”, afirmó Hernani Aquino Hernández. No se trata solo de eliminar un plástico tóxico que contamina ríos como el Ozama y amenaza la salud con sustancias como el estireno –un potencial carcinógeno–, sino de restaurar la confianza en el Estado de Derecho. La Ley 225-20 no es opcional; es un mandato constitucional (Art. 67) para un ambiente sano y una economía circular viable”.
Los abogados de los accionantes, destacaron la solidez del caso: “Hemos presentado evidencia irrefutable de engaño masivo en etiquetados ‘biodegradables’ falsos y omisiones crónicas de 5 años. Este amparo busca una tutela judicial efectiva (Ley 137-11), ordenando fiscalización inmediata, retiro progresivo de productos no conformes y sanciones bajo apercibimiento de astreinte”, señaló el Lic. J. Rafael Cespedes Amparo.
Paralelamente, Urgencia Legislativa: Plazo Vence el Miércoles 5 de Noviembre
Mientras el TSA delibera, la sociedad civil observa con expectativa el proceso legislativo paralelo. El Poder Ejecutivo está a la espera de enviar al Senado de la República sus observaciones al anteproyecto de ley que modifica artículos de la Ley 225-20, suspendiendo y extendiendo los mismos plazos de implementación que se buscan enforzar en este amparo. Este plazo constitucional vence el miércoles 5 de noviembre de 2025, apenas dos días después de la audiencia judicial.
“Si el Ejecutivo opta por prórrogas indefinidas, socavaría no solo la ley, sino el derecho colectivo a un medio ambiente sano. Apelamos a una decisión responsable que priorice la salud pública sobre intereses sectoriales”, agregó Ricardo Ripoll, coaccionante y defensor de la transición a embalajes sostenibles.
Esta confluencia judicial y legislativa subraya la urgencia de actuar: el foam y las fundas plásticas contribuyen a la contaminación de ríos y vertederos, exacerbando crisis como las obstrucciones post-tormenta Melissa. La campaña #CeroFoam y #RDPorLoAlto ha generado amplio apoyo en redes sociales, con miles de vistas en publicaciones de medios independientes como Somos Pueblo y alertas de ambientalistas.
