Somos Pueblo — La presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrada Ysis Muñiz, ha emitido un llamado público de atención sobre las condiciones críticas en que opera el antiguo edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hoy sede de diversas cortes de apelación y oficinas del Poder Judicial. La jueza advierte que el avanzado deterioro de la estructura representa un riesgo inminente para la integridad física del personal judicial y de los ciudadanos que acuden diariamente al lugar.
“El ejercicio de la justicia no puede seguir desarrollándose entre ruinas y omisiones”, expresó Muñiz durante una reciente intervención, donde instó directamente al presidente de la República, Luis Abinader, a ejercer su influencia para que se tomen medidas urgentes. Aunque reconoció la independencia de los poderes del Estado, la magistrada considera que la situación requiere una acción decidida y prioritaria por parte del liderazgo nacional.
Una advertencia ignorada
Muñiz recordó que desde el 31 de enero se hizo pública la situación de deterioro del inmueble, sin que a la fecha se haya implementado ninguna intervención efectiva. Señaló además que existen estudios de vulnerabilidad estructural realizados al edificio, cuyos resultados no han sido divulgados por las autoridades judiciales. “El silencio institucional ante un riesgo conocido es una forma de negligencia”, sostuvo.
La jueza enfatizó que esta omisión contrasta con la inversión de recursos en otros programas del Plan Estratégico del Poder Judicial, mientras se ignoran las condiciones físicas de los espacios donde se imparte justicia diariamente. “La dignidad de la justicia comienza con la seguridad de quienes la administran”, reiteró.
Un edificio con historia… y deterioro
La estructura en cuestión fue inaugurada el 26 de febrero de 1959 durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo y funcionó como sede principal de la SCJ hasta el año 2005, cuando la alta corte fue trasladada a su nueva sede. Sin embargo, en el antiguo edificio permanecen operando varias cortes de apelación, oficinas administrativas y unidades clave del sistema judicial.
Ubicado entre las calles Juan Bautista Pérez, Horacio Vicioso, Juan de Dios Ventura Simó e Hipólito Herrera Billini, en el sector La Feria, el edificio ha venido deteriorándose con el paso del tiempo. Desde hace más de cuatro años, el ascensor permanece fuera de servicio debido a que su uso representa un riesgo de generar vibraciones que podrían comprometer la ya debilitada estructura.
Preocupación por seguridad e integridad
De acuerdo con Muñiz, desde el año 2021 se han elevado informes que alertan sobre el peligro estructural del inmueble. No obstante, las autoridades competentes han postergado una solución definitiva. “No se trata de un tema administrativo ni presupuestario, se trata de la vida de quienes ejercen la justicia y de quienes la buscan”, dijo.
El testimonio de la magistrada refleja un malestar creciente entre los servidores judiciales que, a diario, desarrollan su labor en condiciones que califican de precarias. Varios empleados han reportado filtraciones, desprendimientos de techos y presencia de grietas visibles en paredes y columnas del inmueble.
Un llamado urgente a la acción
El reclamo de Ysis Muñiz ha reabierto el debate sobre la prioridad que recibe la infraestructura judicial dentro del presupuesto del Poder Judicial y sobre el rol de las autoridades encargadas de velar por las condiciones de los edificios públicos.
Mientras no se anuncie una intervención concreta, la comunidad jurídica y la opinión pública permanecen a la espera de una respuesta institucional que garantice la seguridad de jueces, fiscales, defensores públicos, personal administrativo y usuarios del sistema.
La advertencia está hecha. Como afirmó la propia magistrada: “No hay justicia en el derrumbe. Solo puede haber justicia cuando esta se imparte en condiciones humanas, dignas y seguras”.
