El Gobierno quiso aprovechar el robusto apoyo que despierta su juventud para pasar, con el presupuesto de 2021, un pequeño paquete fiscal. No hubo avisos previos que amortiguaran el golpe. Tampoco sé si el “asalto” se armó para tantear reacciones o bajo la ingenua presunción de que la población le iba dar el voto de confianza. La respuesta colectiva no esperó: fue instintiva y de enérgico rechazo.

El presidente tuvo que despachar apurados tuits para anestesiar el dolor y hoy promete hablar con la segura intención de buscar el bajadero. Y es que hemos madurado. Esta sociedad no es la de hace apenas diez años. Su decisión por el cambio incluyó también la de participar en el cambio. La mayoría se siente acreedora de ese logro y con derecho a recibir en obras y acciones los réditos de su “inversión electoral”. Fue un voto de calidad que supuso desalojar del poder un régimen agotado, rancio y corrupto, pero el nuevo gobierno no debe sentirse descargado ni consentido para obrar a su graciosa discreción. La base del “negocio democrático” es la reciprocidad como valor estándar que debe regir y operar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Estamos aprendiendo lecciones avanzadas de democracia y de eso los políticos deben estar conscientes.

Pero también hay en juego un asunto de sentido común: si el Gobierno ha admitido que recibió un Estado en virtual quiebra, sin liquidez ni reservas, debió ser consistente con esa gravedad y enviar desde el principio señales claras de compromiso. Si exige sacrificios, debe empezar por casa; hasta el momento esa decisión aguarda. No habrá comprensión en la base social si la carga no se reparte equitativamente. El Gobierno no ha dado a cambio nada trascendente que lo haga merecedor de esa o cualquier otra concesión. La crisis económica ni la pandemia son suficientes.

Si el problema es buscar recursos, existen miles de maneras. La carga tributaria debe ser la última de las opciones y no se impone. La primera es reducir gastos y no se ha revelado un plan. Al Gobierno que active su creatividad financiera y fortalezca desde ya su comunicación sustantiva. Y cuando hablo de “comunicación sustantiva” me refiero a la interacción del presidente con la nación sobre temas orgánicos o troncales de agenda pública, más allá de los 280 caracteres de un tuit para destacar buenas intenciones o logros del día. Aludo a discursos de cuentas y planes como el que debió preceder a este anuncio. La idea no es hacerlo después del golpe, porque en el aturdimiento siempre quedará la sospecha de que se obró con improvisación o con sentido de trama. Aún en este caso, obviamente mal manejado, le doy la duda razonable al Gobierno, convencido de la buena voluntad del presidente Luis Abinader. Nada más.

Creo que Luis Abinader está compelido a convencer con la objetividad de su palabra para evitar subjetividades en la interpretación de sus decisiones. Estoy seguro de que si explica con datos creíbles la gravedad del déficit la nación entraría en un proceso de transacción, pero, en contrapartida, está obligado a dar razones pendientes, como son las siguientes: a) el impacto que en las finanzas públicas han tenido ciertas medidas, como las supresiones de algunas dependencias burocráticas y la eliminación de puestos nominales (botellas): nadie conoce el ahorro por esas partidas; b) los planes del Gobierno para reducir el gasto corriente en medio de los constreñimientos financieros que nos impone la situación de excepción que vivimos; y c) las justificaciones de los ajustes o los incrementos de ciertas partidas presupuestarias. El Gobierno tampoco ha revelado qué encontró. No basta decir que se recibió un Estado quebrado. Esa situación hay que cuantificarla objetivamente porque, como dice el adagio: “Cuanto más claridad, mejor amistad”.

Sugerir impuestos, aun transitorios, para sustentar un presupuesto de más de un billón de pesos impone, en una situación de crisis, la ineludible obligación de armar y presentar un plan de emergencia económica basado en la austeridad presupuestaria, el control del gasto y la racionalidad en la gestión de los recursos. ¿Dónde está ese plan? Echarle manos a los impuestos como opción preferente nunca es ni será una elección deseable, porque como bien dice el mismo presidente: las reformas fiscales no se imponen, se negocian.

La propia población, en expresiones sueltas de inconformidad, le ha identificado al Gobierno algunas fuentes de esos ahorros, como la reducción, durante el año 2021, de los sueldos del sector público por encima de los cincuenta mil pesos; la eliminación de las prestaciones extrasalariales que reciben los legisladores, conocidas como barrilito y cofrecito; la reducción de los gastos no esenciales de la Administración pública, como la publicidad, los viajes y festejos, entre otros.

Pero esta situación le ha enrostrado al presidente uno de los compromisos más honorables asumidos con la sociedad y que se impuso como expectativa de primera atención electoral: la persecución de la corrupción pasada y presente. Me espanta pensar que, por el apremio de la ocasión y para calmar la irritación colectiva, se festinen acciones “analgésicas” que procuren más un efecto político que de justicia. La idea no es apagar el ruido ni oxigenar la indignación del momento, sino llegar a condenas seguras con procesos bien instruidos que abran posibilidades reales de recuperar parte de lo distraído. Si el Gobierno se deja halar por esta provocación, obrará por reacción y no por proacción. La investigación de los casos de corrupción administrativa del pasado no debe ser parche para remendar otras atenciones ni omitir las condiciones de estrecheces logísticas, presupuestarias, operativas e institucionales que presenta el Ministerio Público. La persecución a la corrupción debe merecer el cuidado que requiere una verdadera prioridad de Estado que no empieza ni termina con el nombramiento de una procuradora independiente. Independencia sin apoyo es la peor subordinación. De manera que la situación surgida por esta “emboscada fiscal” debe ser manejada dentro de su propio contexto y no para apresurar políticas criminales del Estado. Estas se bastan en sus propios imperativos sin tener que tomarlos prestados de otras agendas. Como lo he expresado en otros trabajos: creo en las buenas intenciones del presidente, no necesariamente en las de su entorno, y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento que equilibre el peso de la situación. Esta es una buena oportunidad para que el Gobierno se estrene y entrene en la gestión de conflictos y para que sepa que hay una sociedad despierta y vigilante. Llegaremos a soluciones. En ello confío.

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