Somos Pueblo.– Mediante una comunicación oficial fechada el 31 de marzo de 2025, el presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos, informó a los senadores que, a partir del 1 de abril, se ha dispuesto un incremento del 10% en los fondos presupuestarios asignados a cada provincia. Aunque presentada como una disposición institucional de reconocimiento al trabajo legislativo, la medida, según confirmó una fuente a la redacción de Somos Pueblo, habría sido resultado de una negociación política para asegurar la continuidad de De los Santos al frente de la presidencia del Senado.
La carta, enviada a los senadores y obtenida por Somos Pueblo, lleva el sello oficial del Senado y la firma del presidente de la Cámara Alta. En ella, se notifica que el aumento se aplicará al presupuesto asignado a cada provincia a partir del 1 de abril de 2025, agradeciendo al mismo tiempo “la dedicación y compromiso con los mejores intereses de su demarcación y del país”. Sin embargo, el documento no especifica criterios técnicos, montos concretos ni justificaciones financieras para sustentar dicho incremento.
De acuerdo con la información recibida por Somos Pueblo, el aumento del 10% al Cofrecito fue pactado como parte de un acuerdo interno. Esta negociación habría sido clave para que Ricardo de los Santos consolidara su permanencia en la presidencia del Senado, asegurando el respaldo político necesario de sus pares a cambio de mayores partidas presupuestarias.
Este tipo de maniobras vuelve a encender las alertas sobre el uso de fondos públicos en el Congreso y la escasa transparencia que históricamente ha rodeado a las asignaciones legislativas por demarcación. Organizaciones de la sociedad civil han advertido durante años sobre el uso clientelar del presupuesto asignado a senadores y diputados, especialmente cuando estos recursos no están sujetos a mecanismos formales de fiscalización ni auditorías independientes.
El incremento dispuesto puede representar millones de pesos adicionales al año si se toma en cuenta el total de provincias beneficiadas. En un contexto de demandas sociales crecientes, con hospitales desabastecidos, centros educativos en condiciones precarias y comunidades sin acceso a servicios básicos, destinar más recursos a partidas de uso político discrecional se percibe como un retroceso en materia de ética pública.
A pesar de que el presidente del Senado resalta en su misiva el supuesto interés por fortalecer el desarrollo provincial, la ausencia de datos técnicos o planes de inversión vinculados a este aumento deja en evidencia la naturaleza política de la medida. No se detalla si este incremento forma parte de una reforma presupuestaria aprobada por el pleno ni si cuenta con el aval del Poder Ejecutivo.
Para múltiples sectores de la sociedad, este tipo de acciones profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones y debilita los esfuerzos por construir un Congreso más transparente y funcional. La opacidad en torno al uso de fondos congresuales y su manipulación como herramienta de control político interno ha sido duramente criticada por la población dominicana.
La presidencia del Senado, como órgano directivo del primer poder del Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la correcta administración de los recursos públicos. Sin embargo, al utilizar incentivos presupuestarios como moneda de cambio para mantenerse en el poder, se compromete la independencia del Congreso y se desvía la atención de las prioridades nacionales.
Este episodio confirma que, en lugar de responder a un esquema de planificación institucional o a las necesidades urgentes de las comunidades, el presupuesto del Congreso continúa siendo utilizado como herramienta de poder, negociación e instrumento de campaña política. Frente a esta realidad, la demanda por mayor fiscalización, equidad y responsabilidad en el uso de los fondos públicos sigue siendo una tarea pendiente en la vida democrática del país.
