La falsificación de las tarjetas de vacunación, pruebas PCR para COVID-19 y permisos especiales del Ministerio de Salud Pública será sancionada con medidas de coerción que van desde los tres a 10 años de cárcel, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Dominicano.
La tarjeta de vacunación contra el coronavirus es un pedazo de cartón con el logo de la Presidencia de la República Dominicana, del Programa Ampliado de Inmunización (Pai), con un código de barras, carente de un código de rápida lectura (QR) y de otras facilidades que permita a cualquier ciudadano determinar que los datos contenidos en ellas corresponden a la persona que la porta, puede prestarse para su falsificación.
Desde este lunes será requerida en los lugares públicos cerrados, en empresas, bancos comerciales, escuelas, transporte público y otros. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva, en julio pasado, a un joven acusado de falsificar y vender tarjetas de vacunación del COVID-19, a 500 pesos. Se trata de Anthony Esterlín Martínez Sánchez, quien presuntamente confeccionaba las tarjetas en un estudio de fotografía del sector Valiente, de Boca Chica.
Se le atribuye la calificación jurídica provisional contenida en la Ley 42-01 sobre Salud Pública, así como los artículos 147, 148, 150 y 151 del Código Penal y el Reglamento 1138-03, para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud.
