La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aclaró que la medida de arresto domiciliario impuesta a tres de los imputados en el caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no constituye una pena ni una sanción definitiva, sino una medida de coerción orientada a garantizar el avance de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Durante sus declaraciones, Reynoso reiteró que no existe ningún acuerdo de culpabilidad ni se ha otorgado criterio de oportunidad a ninguno de los diez imputados vinculados al caso. Precisó que el órgano acusador mantiene su postura de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias legales y solicitar las penas correspondientes conforme a la ley.
La procuradora subrayó que los hechos investigados afectan a más de siete millones de afiliados y, por extensión, a la sociedad dominicana, por lo que insistió en que los imputados deberán responder penalmente por las conductas que se les atribuyen. Añadió que las medidas adoptadas en esta etapa buscan asegurar la comparecencia de los involucrados y preservar el curso regular de la investigación, sin prejuzgar sobre responsabilidades finales.
