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domingo, junio 15, 2025

Propietarios de Jet Set permitieron trabajos en el techo con obreros no calificados, según expediente del Ministerio Público

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Somos Pueblo – El expediente judicial presentado por el Ministerio Público en torno al colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó más de 235 personas fallecidas y más de 170 heridas el pasado 8 de abril, señala que los propietarios del establecimiento autorizaron reparaciones en la estructura con mano de obra no calificada semanas antes del siniestro.

Según los documentos del caso, los trabajos fueron realizados por dos ciudadanos haitianos identificados únicamente como “Caballito” y “El Grande”, quienes actuaban como ayudantes del encargado de mantenimiento Manuel Jiménez Mateo. Este último, de acuerdo con la acusación, tampoco contaba con formación profesional en ingeniería civil ni en estructuras.

A pesar de que el techo presentaba grietas y desprendimientos visibles, las labores que se les habrían asignado incluían la aplicación de parches de cemento, la colocación de lonas asfálticas y el reemplazo de plafones rotos. El Ministerio Público calificó estas intervenciones como “improvisadas” y “peligrosas”.

“Se usó mano de obra no calificada para intervenir una estructura visiblemente comprometida. En lugar de contratar profesionales, se recurrió a obreros informales sin dirección técnica alguna”, indica el expediente depositado por las autoridades.

La acusación sostiene que estas decisiones reflejan un patrón de negligencia grave y una falta de consideración por la seguridad de quienes asistían al lugar. Añade que el deterioro en la estructura había sido detectado desde el año 2024 y que existían reportes internos sobre el estado del techo.

El Ministerio Público señala que estos hechos podrían constituir violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Migración, por el uso irregular de trabajadores extranjeros sin documentación ni preparación técnica en tareas de alto riesgo.

Por estos motivos, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, principal accionista del centro nocturno, así como arresto domiciliario y restricciones migratorias para su hermana Maribel Espaillat, quien también figura como parte de la administración del local.

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