Somos Pueblo – Los propietarios de viviendas o inmuebles comerciales que desalojen a sus inquilinos sin agotar el proceso judicial correspondiente podrían ser sancionados con penas de prisión de entre tres y cinco años, de acuerdo con el informe de una comisión especial de la Cámara de Diputados.
El documento fue elaborado por una comisión presidida por el diputado Amado Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como parte del estudio del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, una iniciativa presentada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
El informe establece en su artículo 51 que cualquier propietario, arrendador o abogado que ejecute un desalojo sin cumplir con las formalidades judiciales correspondientes incurriría en una infracción sancionada con prisión y una multa económica. Las multas contempladas van desde 10 hasta 20 salarios mínimos del sector público.
La propuesta legislativa aún debe ser conocida y debatida en una sesión del pleno de los diputados, donde se decidirá mediante votación si el proyecto será aprobado o rechazado.
El objetivo de esta iniciativa, según lo expresado por sus proponentes, es regular de manera más estricta los procesos de alquiler y desahucio, con el fin de garantizar el respeto al debido proceso y proteger los derechos tanto de arrendadores como de inquilinos.
