Somos Pueblo – Una comisión de la Cámara de Diputados estudia actualmente un proyecto de ley que busca imponer una medida sin precedentes en la política educativa y migratoria dominicana: obligar a los estudiantes de nacionalidad haitiana que cursen estudios superiores o técnicos en instituciones del país a regresar a Haití tras finalizar su formación académica, sin importar si sus estudios fueron financiados por becas estatales, recursos propios u organismos internacionales.
La iniciativa legislativa, depositada por el diputado Elías Wessin Chávez y respaldada por otros 12 congresistas de distintos partidos, establece que los estudiantes haitianos deberán comprometerse, mediante un documento firmado, a retornar a su país de origen por un periodo de entre cuatro y siete años para ejercer allí su profesión. Esta obligación sería exigida incluso a quienes mantengan una condición migratoria regular en República Dominicana.
El artículo 16 del proyecto especifica que dicho compromiso debe formalizarse antes de que el estudiante complete sus estudios. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones que incluyen la deportación inmediata del profesional haitiano, la prohibición definitiva de reingreso al territorio nacional y la exigencia del reembolso de los fondos públicos que le hayan sido asignados en forma de becas.
Además, el texto plantea que los datos personales de los estudiantes haitianos beneficiarios de becas sean compartidos con las autoridades haitianas y con los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta medida. Esta disposición aplicaría no sólo a quienes reciban apoyo estatal dominicano, sino también a quienes cursen estudios con fondos internacionales o recursos personales.
De acuerdo con los legisladores proponentes, el objetivo de la pieza es que el conocimiento adquirido por estos estudiantes “revierta en beneficio del pueblo haitiano”, especialmente en áreas profesionales y técnicas donde esa nación presenta déficits críticos. El proyecto forma parte de un paquete más amplio de propuestas contenidas en el denominado “pacto de nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití”.
La propuesta está siendo evaluada por la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Ignacio Aracena. Los impulsores del proyecto argumentan que la situación social, política y de seguridad en Haití requiere que el Estado dominicano adopte medidas firmes para preservar su estabilidad y controlar los efectos colaterales de la crisis vecina.
En el contexto de esta iniciativa, se destacan otros proyectos similares que han sido sometidos recientemente ante el Congreso Nacional, como los que buscan limitar el acceso de ciudadanos haitianos al sistema de salud pública, al mercado laboral formal o al alquiler de viviendas en determinadas zonas. Todas estas medidas se enmarcan en una línea de políticas migratorias más estrictas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado lo que califican como medidas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos, especialmente en relación con la reciente deportación de mujeres haitianas embarazadas desde hospitales dominicanos.
Frente a estas críticas, varios diputados han defendido las propuestas, alegando que se ajustan a la Constitución y a las leyes migratorias del país. Según los legisladores Carlos Sánchez, Ramón Bueno, Ignacio Aracena y Rafaela González, la República Dominicana está ejerciendo su soberanía y actuando dentro del marco legal ante una situación regional excepcional.
