Somos Pueblo – El abogado Eric Raful defendió este lunes el controvertido proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios digitales, asegurando que su objetivo principal es fortalecer los derechos fundamentales y ofrecer respaldo legal a medios de comunicación y creadores de contenido frente a posibles presiones externas.
Raful explicó que la iniciativa se fundamenta en mandatos constitucionales que exigen un desarrollo normativo para garantizar la tutela de derechos como la libertad de expresión, el honor, la intimidad y la imagen. Según indicó, el proyecto establece mecanismos legales y criterios jurídicos claros para orientar las decisiones administrativas y judiciales en casos de conflicto entre estos derechos.
“El proyecto armoniza la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, a través de criterios objetivos que eviten arbitrariedades en decisiones legales o administrativas”, declaró el jurista.
Una de las propuestas clave del proyecto es la creación de una nueva institución autónoma que tendrá la responsabilidad de velar por la protección de la libertad de expresión y garantizar el debido proceso. Raful enfatizó que dicho órgano no tendrá facultad penal sancionadora y que las sanciones previstas en la ley son únicamente de tipo administrativo, aplicables en casos de vulneración comprobada al derecho a la libre expresión.
También resaltó que el proyecto fue elaborado con el respaldo de especialistas nacionales e internacionales, incluyendo expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Unesco, lo que, según dijo, garantiza un enfoque técnico y equilibrado.
En cuanto al apoyo institucional, el abogado destacó que la ley contempla la obligación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) de respaldar legalmente a medios o creadores afectados por plataformas digitales. “Tiene que acompañar al Listín Diario si una plataforma le causa un daño; lo mismo con youtubers y productores de contenido”, afirmó.
La pieza legislativa continúa generando debate en el Congreso Nacional, mientras sectores de la sociedad civil expresan preocupación por sus implicaciones en la regulación de contenidos en redes sociales y plataformas digitales.
