Peravia, República Dominicana. La Fiscalía de Peravia ha logrado desmantelar una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y la expedición irregular de actas de nacimiento a ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad haitiana. La estructura utilizaba identidades de dominicanos fallecidos e, incluso, asignaba los datos de un mismo difunto a varias personas, lo que ha generado una preocupación profunda en las autoridades sobre la magnitud del fraude y sus implicaciones para la seguridad documental del país.
Dada la gravedad del caso, la investigación ha sido declarada como un proceso complejo, permitiendo al Ministerio Público contar con el tiempo necesario para profundizar en el entramado delictivo. Según el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, esta situación representa una amenaza a la soberanía nacional, pues la correcta gestión de las oficialías del Estado Civil es fundamental para garantizar la legalidad y autenticidad de la documentación en la República Dominicana.
Implicados y modus operandi
Hasta el momento, las autoridades han detenido a seis personas vinculadas a la red, mientras que la presunta cabecilla del entramado, María del Carmen Arias Castillo, exfuncionaria de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, se encuentra prófuga y fuera del país. Pese a que la Junta Central Electoral (JCE) había alertado sobre su implicación, logró evadir el accionar de la justicia.
La JCE ha manifestado su colaboración activa en la investigación, aportando recursos del Departamento de Informática, de Seguridad Civil y la Dirección Jurídica. Además, una fiscal designada por la Procuraduría General de la República está apoyando el caso para garantizar una pesquisa exhaustiva que permita establecer responsabilidades.
«Este es un caso delicado y no podemos adelantarnos a las conclusiones. Sabemos que estas acciones no se llevan a cabo sin una estructura organizada y sin la participación de múltiples personas dentro de la institución», indicó el fiscal Tejada en declaraciones a la prensa. Insistió en que la manipulación de documentos oficiales constituye un riesgo para la institucionalidad y la democracia.
Sanciones y medidas de coercón
La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Peravia, Loida Amador, ha impuesto distintas medidas de coerción contra los miembros de la red. Entre ellas, la prisión preventiva de Amauri Rosario Aybar, quien cumplirá la medida en la cárcel pública de Baní. Mientras tanto, Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez enfrentarán garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El caso ha sido tipificado, de manera provisional, como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellos los que sancionan la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. También han sido aplicadas disposiciones de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, la Ley de Cédula 8-92, la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Impacto y consecuencias
El desmantelamiento de esta red pone en evidencia la vulnerabilidad de algunos mecanismos de emisión de documentos oficiales en el país y reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles en el Registro Civil. Expertos en materia legal han advertido que la falsificación de documentos no solo compromete la identidad de los ciudadanos, sino que también puede facilitar otros delitos, como el fraude electoral y el lavado de activos.
Las autoridades han reiterado su compromiso con esclarecer el caso y aplicar sanciones ejemplares a los responsables. La Fiscalía continúa profundizando en la investigación para determinar si existen más implicados dentro y fuera de la institución, lo que podría ampliar la red de responsabilidades en este escándalo.
Este caso subraya la importancia de reforzar los mecanismos de seguridad en la documentación oficial para evitar que estructuras criminales se aprovechen de debilidades administrativas. En un país donde la identidad es clave para el ejercicio de los derechos ciudadanos, garantizar la integridad del sistema de registro civil debe ser una prioridad inaplazable.
