Somos Pueblo — Durante una homilía celebrada en la Parroquia Cristo Rey del Universo, el sacerdote José Luis Cedano criticó duramente el accionar de las autoridades judiciales en relación con la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, planteando que el caso refleja un trato diferenciado en la aplicación de la ley dependiendo del estatus social de los involucrados.
En sus declaraciones, difundidas a través de un video por el medio local Villa Noticia, el sacerdote cuestionó que si los hechos hubiesen ocurrido en un establecimiento popular de un barrio como Capotillo, la reacción de las autoridades habría sido más inmediata y contundente. A su juicio, la justicia dominicana actúa con severidad solo cuando se trata de personas de escasos recursos, mientras que muestra lenidad frente a sectores privilegiados.
Críticas al poder y a la selectividad judicial
“El poder que vino tras la muerte de Cristo, hoy se usa para aplastar al pobre”, expresó el sacerdote ante los feligreses, denunciando que la justicia parece funcionar de forma desigual. Cedano argumentó que la respuesta de las autoridades sería distinta si el suceso hubiese involucrado a jóvenes de barrios marginados, en lugar de haberse producido en un establecimiento de renombre frecuentado por sectores económicamente acomodados.
“Si hubiera sido un tiguere de barrio, o si ese hecho hubiera pasado en Capotillo, no hacen el drama que tuvieran; hubieran hecho todo su aparataje para mostrar que cuidan al pobre”, manifestó con énfasis el sacerdote, criticando lo que denominó como un sistema de justicia condicionado por la clase social.
Denuncia de estructuras de poder
Durante su intervención, Cedano no limitó sus críticas al caso particular, sino que las extendió hacia lo que calificó como una estructura de poder injusta, basada en la desigualdad. Afirmó que en la República Dominicana existe una “élite corrupta y ladrona”, protegida por el sistema, a la que —según sus palabras— no se le aplica la ley con el mismo rigor que al resto de la población.
“La dinámica del poder es la injusticia”, sentenció, haciendo alusión al desequilibrio entre quienes ostentan poder económico o político y aquellos que carecen de influencia. Para el sacerdote, esta desigualdad legal es uno de los grandes males que afectan a la sociedad dominicana.
Contexto de las declaraciones
La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que ha generado conmoción pública, aún se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, el tratamiento mediático y judicial del caso ha provocado cuestionamientos en distintos sectores sobre la equidad con la que se manejan situaciones similares dependiendo del lugar y de los implicados.
Las palabras del sacerdote José Luis Cedano se enmarcan en un sentimiento creciente de desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia, especialmente cuando se percibe que ciertos sectores de la sociedad cuentan con privilegios procesales o mediáticos.
Llamado a la reflexión institucional
Desde su rol como líder religioso, Cedano exhortó a las autoridades a ejercer sus funciones con mayor equidad y responsabilidad, recordando que el principio fundamental de toda sociedad justa es que las leyes se apliquen sin distinción. “La ley debe ser igual para todos”, expresó.
Su intervención ha despertado reacciones divididas, con muestras de apoyo por parte de comunidades religiosas y defensores de los derechos humanos, y críticas por parte de quienes consideran que los señalamientos generalizan y deslegitiman los esfuerzos institucionales.
No obstante, el mensaje central del sacerdote apunta a una preocupación legítima en la sociedad dominicana: la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, garantizando que el acceso a la justicia no dependa del estatus económico o social de las personas involucradas.
Justicia sin privilegios
Las declaraciones del padre José Luis Cedano llegan en un momento en el que amplios sectores del país exigen mayor transparencia y equidad por parte del sistema judicial. El llamado, aunque emitido desde el púlpito, interpela directamente a las instituciones públicas y plantea un debate que trasciende la tragedia puntual, al poner sobre la mesa la urgencia de revisar las prácticas y los patrones de actuación de la justicia dominicana.
En medio del dolor por los hechos ocurridos, su voz se suma a la de quienes reclaman que, en la República Dominicana, la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado en condiciones de igualdad para todos.
