Somos Pueblo – Santo Domingo, 4 de julio de 2025 — A tres meses de que entre en vigor la prohibición del uso de poliestireno expandido (foam) establecida en la Ley 225-20, el Congreso Nacional debate una propuesta para modificar dicho plazo y extender su vigencia por cinco años más, una medida que ha reactivado el debate entre sectores productivos y ambientales del país.
El artículo 172 de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) contempla la eliminación progresiva del uso del foam y de fundas plásticas de un solo uso, fijando un plazo de 60 meses desde su promulgación en octubre de 2020. Esto significa que su prohibición total entraría en vigor en octubre de 2025.
Sin embargo, sectores empresariales han solicitado una prórroga para adecuarse a los cambios, alegando impacto económico en pequeñas empresas y comerciantes que dependen de este material por su bajo costo. Según datos de la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAST), el sector plástico está compuesto por más de 470 empresas, genera unos 45,000 empleos y moviliza RD$59 mil millones en ventas locales, además de exportaciones anuales por US$700 millones.
El foam, utilizado comúnmente en envases de alimentos, representa un insumo esencial para ventas informales, pequeños negocios y programas sociales como los Comedores Económicos. Actualmente, cinco empresas concentran el 90 % de la producción nacional de este material.
No obstante, organizaciones ambientalistas y entidades internacionales como Parley for the Oceans, la Unión Europea y más de 28 instituciones nacionales impulsan la campaña #DaleBandaAlFoam, argumentando que su impacto ambiental y en la salud pública amerita su eliminación definitiva, tal como establece la legislación vigente.
Impacto ambiental y sanitario
Estudios del Fideicomiso DO Sostenible revelan que el 55 % de los residuos recolectados en los ríos Ozama e Isabela corresponden a foam. Este tipo de desecho suele terminar en el mar, donde afecta a especies marinas que lo confunden con alimento, generando daños al ecosistema.
En cuanto a la salud humana, el foam contiene estireno, una sustancia clasificada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como posible cancerígeno y disruptor endocrino. Este compuesto puede migrar a los alimentos, especialmente cuando se calientan en envases de este tipo.
Posturas encontradas
Desde el sector ambiental, se plantea que la eliminación no sería abrupta, dado que el plazo legal de cinco años ha permitido tiempo suficiente para la transición. Por tanto, las organizaciones promueven que se cumpla el calendario original y proponen medidas complementarias como:
- Implementar incentivos para el uso de materiales biodegradables.
- Diseñar un plan de transición justo para el sector productivo.
- Reforzar la educación ambiental y la capacidad de reciclaje.
- Aplicar la responsabilidad extendida del productor.
Por su parte, representantes de la industria del plástico insisten en que los costos operativos del servicio y la naturaleza intensiva del uso del foam hacen necesario reevaluar la viabilidad de la medida, solicitando más tiempo para adaptar sus procesos productivos.
La discusión continúa en la Cámara de Diputados, donde deberá definirse si se mantiene la disposición original o si se otorga una nueva prórroga para el uso del foam en territorio dominicano.
