La investigación y persecución de delitos de corrupción se limitaría a un plazo de 20 años desde el momento en que se cometan, según el proyecto de ley del Código Penal aprobado en primera lectura en el Senado y actualmente en revisión por una comisión especial de la Cámara Alta.
El proyecto establece que, pasados 20 años, los delitos de corrupción ya no podrán ser investigados ni castigados por el sistema judicial dominicano, quedando estos ilícitos impunes si se cometieron dos décadas atrás.
Esta prescripción de la corrupción, estipulada en el artículo 328 del proyecto, ya había sido propuesta en la misma iniciativa del Código Penal aprobada en 2022 por el Congreso, pero que no avanzó debido a desacuerdos en temas como el aborto y la discriminación.
«Las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años, computados en los términos del Código Procesal Penal», señala el artículo 328 del proyecto aprobado recientemente en el Senado.
El proyecto detalla los delitos considerados como corrupción, incluyendo la concusión, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, sobre valuación ilegal, peculado y pagos irregulares.
Actualmente, bajo revisión por una comisión especial antes de su aprobación en segunda lectura, el proyecto define la corrupción como cualquier acto en el que un funcionario obtenga beneficios económicos ilegales, aprovechando su cargo o malversando fondos bajo su responsabilidad.
Como sanción por este delito, el proyecto del Código Penal propone penas de hasta 10 años de cárcel y la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la ilegalidad cometida.
En 2022, cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, el congresista Antonio Taveras sugirió una modificación para que la corrupción fuera imprescriptible, permitiendo su persecución sin límite de tiempo. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Pleno del Senado por considerarla «inconstitucional».
