El Senado de la República Dominicana ha aprobado de urgencia modificaciones a la Ley 137-03, que regula el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Esta reforma introduce el artículo 3.1, que establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos para quienes incurran en estos delitos. Las sanciones aumentan hasta 30 años de prisión cuando las víctimas son menores de edad, discapacitadas o personas vulnerables. La ley también aclara que el consentimiento de la víctima no exime a los delincuentes de sus responsabilidades legales. Además, se aprobaron otras iniciativas, como la declaración de Puerto Plata como provincia ecoturística y una modificación al Código Procesal Penal relacionada con el hábeas corpus.
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