Somos Pueblo – En medio de la discusión congresual sobre el controvertido proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, el senador Antonio Taveras y el diputado Frank Ramírez, ambos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendieron la necesidad de establecer límites legales al ejercicio de la comunicación, señalando que algunos comunicadores utilizan plataformas para difamar sin fundamentos.
Durante su intervención, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, sostuvo que debe “ponerse un alto” a quienes usan los medios de comunicación para atacar la imagen de ciudadanos sin pruebas. “Hay que ponerle fin a cualquiera que tenga un medio y pueda dañar la imagen a cualquier ciudadano, eso hay que regularlo”, declaró.
Taveras vinculó su posición a recientes episodios que involucran a figuras públicas, haciendo mención específica a la senadora Faride Raful. “Estas acciones deben regularse precisamente por lo que está pasando Faride y por lo que muchas personas públicas han estado pasando”, expresó. Agregó que “no es posible que cualquiera tome un celular y se siente en la disponibilidad de hablar, de difamar y de acusar sin pruebas a cualquier ciudadano”.
Por su parte, el diputado Frank Ramírez también se pronunció a favor de establecer consecuencias legales para quienes, según sus palabras, atenten contra la integridad moral de los funcionarios públicos a través de medios de comunicación. “El pueblo te está apoyando y sobre todo este partido está contigo, está con todos los que están haciendo las cosas bien”, dijo en referencia a la ministra Faride Raful.
Ramírez denunció la existencia de lo que calificó como “sicarios de la información”, y subrayó el impacto emocional y reputacional que estas acusaciones no verificadas generan sobre los familiares de los funcionarios. “Eso debe de tener un costo, un parate ahí, porque nosotros tenemos familia que cuestiona cuando escuchan que te dicen algo, y nuestra familia se pregunta: ¿será verdad o mentira?”, afirmó.
Las declaraciones de ambos legisladores se dan en el contexto de una creciente controversia nacional en torno al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, actualmente bajo estudio en el Congreso Nacional. El proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo, ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la sociedad civil, medios independientes y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles restricciones indebidas al derecho a la libertad de prensa y expresión pública.
Aunque los detalles completos del proyecto aún están siendo analizados en las comisiones legislativas, uno de sus aspectos más cuestionados es la posibilidad de sancionar con mayor severidad a quienes incurran en actos de difamación o injuria a través de medios digitales o tradicionales, lo cual ha generado preocupación sobre su posible uso para inhibir la crítica o el periodismo de investigación.
