Recientemente ha salido a la luz pública que el nuevo gobierno piensa subir los impuestos para el próximo año, gravando, entre otras cosas, el salario navideño y los servicios de plataformas digitales. Esto se suma a una serie de decisiones tomadas por el presidente Abinader que nos ha dejado un amargo sabor a quienes votamos por el “cambio”. Entre estas se encuentran la designación de familias completas en el Estado, y el nombramiento del director del Banreservas, quien no sabemos si está implicado o no en el caso de los Súper Tucanos.

Abinader ha recibido el país en una situación bien difícil. La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia ha afectado seriamente todas las dimensiones sociales y económicas de nuestra sociedad. A la vez, ha recibido un país que ha sido totalmente saqueado los últimos 16 años por una corporación corrupta que drenó hasta la última gota el erario de la nación.

Ante la crisis, ha sido necesaria la intervención del Estado para proteger los sectores más vulnerables de la sociedad y el tejido productivo nacional. Para esto se ha requerido una cantidad extraordinaria de recursos económicos qué, ante la caída de las recaudaciones por la contracción económica, ha puesto en rojo las cuentas públicas.

En este escenario el gobierno se plantea subir los impuestos para aumentar las recaudaciones, y así financiar el gasto público. Esta es, a nuestra opinión, una estrategia errónea, que incluso puede traer problemas de gobernabilidad a la nueva gestión. Por ello, para financiar este déficit, planteamos una alternativa que el gobierno pudo haber hecho y aún puede hacer, antes de meternos más las manos en los bolsillos a la ya sobrecargada clase media.

Como ustedes mismos denunciaron en reiteradas ocasiones durante la campaña, sabían el enorme nivel de corrupción del gobierno de Danilo Medina, con escándalos semanas tras semana de funcionarios de la pasa gestión. En lugar de estar con la hipocresía de solicitar a la Cámara de Cuentas decenas de auditorías que sabían que esa institución no tenía capacidad de realizar, Abinader debió, inmediatamente resultó electo presidente, constituir un equipo de peritos, contables y abogados para al momento de asumir, proceder a realizar auditorías forenses exhaustivas en todas las instituciones del gobierno central.

Esta información, sumada a las numerosas denuncias documentadas de los pasados gobiernos, habría arrojado la magnitud de la usurpación de los gobiernos peledeístas. A la vez, hubiese generado la información del rastro del dinero la corrupción, con la cual el Estado, como entidad estafada por estos antisociales, se hubiese podido constituir como actor civil y llevar ante la procuraduría estas denuncias. Sólo con esto, se hubiesen podido frisar los activos financieros de las personas identificadas como receptoras de estos recursos. Luego, el estado hubiese podido demandar a estar personas, y recuperar una parte importante de estos fondos, y así financiar el gran hoyo fiscal existente.

Pongamos el ejemplo de Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente, quien recibió pagos a través de testaferros por casi tres mil millones de pesos ( RD$ 3,000,000,000.00) durante la transición, denunciados por la periodista Nuria Piera. ¿Por qué nadie ha ido a reclamar en nombre del Estado que se devuelva este dinero? Igual con el grupo ASIMRA, denunciado por Marino Zapete, que recibió miles de millones en contratos ilegales de asfalto, y que luego donó 70 millones de pesos a la campaña de Danilo del 2016. ¿Por qué, cuando hay pruebas como los contratos y los cheques, nadie en el gobierno de Abinader ha ido a reclamar que devuelvan este dinero? Igual, muchos otros políticos han sido denunciados por periodistas con evidencias, y a estos se les puede extraer miles de millones de pesos que tomaron de manera ilícita del estado, sin poner más impuestos a la clase media. Si se recuperara el 30% de lo que se robó en el PLD en sus 16 años, el país no tuviera que buscar recursos prestados por muchos años para financiar el presupuesto nacional.

Otra manera de financiar este déficit sin aumentar los impuestos es haciendo ajustes en la clase política. La brecha entre los mandos medios y altos entre el sector público y el privado es demasiado grande, y necesita ser corregida. Muchos funcionarios tienen sueldos ridículos que duplican o triplican lo que recibirían en el sector privado por sus currículums y su experiencia. Igual, en el Estado, cualquier funcionario de segunda o tercera categoría recibe beneficios como dietas, asignación de vehículos, choferes, entre otros, que nadie les ofrecería por su trabajo en el sector privado.

También, se pueden eliminar instituciones que consumen muchos recursos y tienen poco impacto social, como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Juventud. Otras instituciones duplicadas, como la DNCD y la DICAN, dilapidan recursos con costosas estructuras que persiguen un mismo fin.

Como la pandemia ha dado un duro golpe al sector privado, la mayoría de las personas nos hemos enfrentado a una reducción considerable de nuestros ingresos, y hemos tenido que hacer un esfuerzo para ajustarnos a la nueva realidad. Es nuestra opinión que, para reducir la presión económica en las cuentas del estado, los servidores públicos que devenguen salarios por encima de un monto establecido pudieran recortar sus salarios en un 20% o 30% mientras se normaliza la situación en el país. Igual, se pudieran suspender los demás beneficios, para que al igual que nosotros, hagan un esfuerzo por el país.

En resumen, antes de subirnos los impuestos, el nuevo gobierno debe hacer un esfuerzo real por recuperar la mayor cantidad posible de recursos usurpados por la gran maquinaria corrupta del PLD, algo que ni siquiera parece que intentan hacer. También, se debe hacer un ajuste de los salarios del Estado tomando como referencia el mercado laboral privado. Se deben eliminar los beneficios innecesarios de las posiciones públicas, como los vehículos, el combustible, y el personal asignado a personas que ni los necesitan ni los merecen. El congreso debe eliminar el barrilito y el cofrecito, y se debe eficientizar el Estado a su máxima expresión, eliminado las instituciones que aportan poco a la sociedad. Luego, si hace falta dinero, podemos evaluar aumentar impuestos; pero si intentan meternos las manos en los bolsillos antes de tomar estas acciones, volveremos otra vez a la Plaza de la Bandera.

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