Somos Pueblo — El Ministerio Público solicitó este lunes una condena de 20 años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, imputado como cabecilla de una red de corrupción que operó desde el aparato estatal mediante contratos ilícitos, tráfico de influencias y lavado de activos. La acusación, presentada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, también contempla el decomiso de bienes y una multa económica, además de la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Medina Sánchez dirigía una estructura criminal que habría defraudado al Estado dominicano mediante la adjudicación de contratos simulados y operaciones financieras encubiertas, aprovechando su vínculo familiar con el expresidente Danilo Medina.
Extensa acusación por delitos múltiples
La solicitud del órgano persecutor está sustentada en múltiples cargos, entre ellos: estafa agravada contra el Estado, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, uso de documentos falsos, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
El expediente detalla cómo la estructura manejada por Alexis Medina se valía de empresas fachada, transacciones irregulares y el uso de influencias políticas para captar fondos públicos, posteriormente canalizados a través de maniobras de lavado con el fin de ocultar su origen ilícito.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público ha solicitado el decomiso de todos los bienes adquiridos mediante estas operaciones, así como una multa equivalente a 400 salarios mínimos y la prohibición de por vida para contratar con el Estado dominicano.
Operación Antipulpo: caso emblemático
Alexis Medina fue arrestado en noviembre de 2020 como parte de la denominada Operación Antipulpo, una investigación de alto perfil que expuso una red de corrupción integrada por funcionarios y allegados al anterior gobierno. Este caso ha sido considerado emblemático por el Ministerio Público, debido a la magnitud de los fondos comprometidos y la cercanía del principal imputado con el poder político de entonces.
El expediente sostiene que Medina Sánchez usó su cercanía con la Presidencia para obtener privilegios económicos a través de adjudicaciones directas, sobornos y manipulación de licitaciones, afectando significativamente las finanzas públicas y minando la institucionalidad del Estado.
Recursos públicos y enriquecimiento ilícito
Las investigaciones han revelado que los fondos públicos, en lugar de ser destinados a sus fines institucionales, eran desviados hacia cuentas personales, adquisición de propiedades, vehículos de lujo y financiamiento de campañas políticas, todo con la finalidad de consolidar poder económico y político.
Los fiscales han documentado que, en muchos casos, las empresas adjudicatarias ni siquiera cumplían con los requisitos técnicos establecidos por ley, y que las licitaciones eran simuladas para beneficiar al entramado controlado por Medina Sánchez.
Postura del Ministerio Público
Durante la audiencia, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y el cumplimiento del debido proceso. “Los recursos del pueblo dominicano deben ser protegidos. Quienes los malversen deben responder ante la justicia”, afirmó.
Reynoso indicó que esta solicitud de condena no solo busca sancionar los delitos cometidos, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del uso indebido de los fondos públicos.
El juicio contra Alexis Medina continúa su curso en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal deberá valorar la admisibilidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las defensas antes de emitir un veredicto sobre la culpabilidad del imputado y las penas solicitadas.
