Se conocerá el este miércoles, a las 11 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Coral, donde resultaron arrestados cinco personas.
El Ministerio Público depositó este lunes en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de un año de prisión preventiva contra quien fuera el encargado de la seguridad del expresidente Danilo Medina, Adam Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán.
La jueza Kenya Romero, coordinadora del Juzgado de Instrucción de la capital, será la encargada de conocer la petición de medida de coerción que hiciera el Ministerio Público esta tarde.
«El Ministerio Público ha presentado la medida que consta de más de 200 páginas en la que estamos poniendo todos los probatorios para presentar una medida fuerte para obtener una medida preventiva«, dijo la magistrada Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tras depositar en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medidas de coerción contra los arrestados en el marco de la Operación Coral.
La fiscal dijo a periodistas no descartar que haya más personas implicadas en el entramado, por lo que siguen las investigaciones sobre los bienes incautados a Cáceres Silvestre y Guzmán, para poder determinar si existen más personas involucradas, por lo que están solicitando que se declare el caso como complejo.
El Ministerio Público arrestó el pasado sábado al mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una amplia investigación denominada “Operación Coral”.
La Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, arrestaron además a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán.
Los arrestos y los allanamientos se enmarcan dentro de las acciones contra la corrupción administrativa que desarrolla la Procuraduría General de la República bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
