El Ministerio Público ha presentado formalmente la solicitud de medida de coerción contra varios exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y empresarios involucrados en un sofisticado esquema de corrupción que desvió más de mil trescientos millones de pesos dominicanos. La denominada Operación Camaleón expone cómo una red criminal, encabezada por el exdirector del INTRANT, Hugo Marino Leopoldo Beras Coico Ramírez, manipuló un proceso de licitación pública para beneficio personal y de sus asociados.
El fraude detrás del sistema de semáforos y cámaras de vigilancia de Santo Domingo
El esquema, que comenzó en 2022, tuvo como centro la adjudicación del proyecto de modernización y gestión del sistema de semáforos y cámaras de vigilancia del Gran Santo Domingo. La licitación fue manipulada para favorecer a empresas creadas específicamente para el fraude. Entre ellas, Transcore Latam S.R.L., una empresa ficticia registrada con documentos falsificados y sin la capacidad técnica para ejecutar el contrato.
Hugo Beras, junto a otros funcionarios clave como Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, manipularon el Comité de Compras del INTRANT para que estas empresas obtuvieran los contratos. El pliego de condiciones fue diseñado a la medida para asegurar que ninguna otra empresa tuviera oportunidad de competir. Esto permitió que empresas como Dekolor C. por A., controlada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), se hicieran con el control de los fondos del proyecto, utilizando la empresa para movilizar dinero de manera ilegal.
Las tácticas utilizadas por los imputados
La solicitud de medida de coerción detalla cómo los acusados falsificaron documentos financieros y emitieron certificaciones que no correspondían con la realidad presupuestaria del INTRANT. Se certificó que el proyecto tenía una apropiación de más de mil millones de pesos, cuando en realidad no existían los fondos. Esta falsificación permitió que se adjudicaran contratos sin contar con el presupuesto necesario.
Además, se acusa a los imputados de sobornar a funcionarios públicos para asegurar que las decisiones favorecieran a las empresas vinculadas al fraude. A cambio de estos sobornos, funcionarios como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, encargado de la red semafórica, falsificaron evaluaciones técnicas para justificar la contratación de estas empresas, a pesar de que no cumplían con los requisitos.
El papel de José Ángel Gómez Canaán y el lavado de activos
José Ángel Gómez Canaán es señalado como el principal beneficiario económico del esquema. Utilizó sus empresas, Dekolor C. por A. y Transcore Latam S.R.L., para movilizar los fondos ilícitos a través de un complejo esquema de lavado de activos. El dinero obtenido de los contratos fraudulentos era transferido a otras cuentas y empresas de fachada, lo que facilitó el lavado de activos y ocultación de los fondos.
Además de la manipulación financiera, Gómez Canaán también está acusado de sabotear deliberadamente la red semafórica del Gran Santo Domingo, causando caos en el tráfico de la ciudad. Este sabotaje formaba parte de su estrategia para obtener más control sobre los sistemas de monitoreo y vigilancia de la capital.
Acusaciones formales y consecuencias
El Ministerio Público acusa a los implicados de delitos graves como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y terrorismo. Además de sabotaje, se les imputa haber infiltrado los sistemas de control de tráfico y vigilancia de la ciudad, utilizando tecnologías que debían ser exclusivamente para organismos de seguridad.
Los involucrados en la red de corrupción son:
- Hugo Marino Leopoldo Beras Coico Ramírez: Exdirector del INTRANT y líder del esquema.
- José Ángel Gómez Canaán (Jochi): Propietario de Dekolor C. por A. y principal beneficiario económico.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Coordinador de despacho del INTRANT y manipulador del proceso de licitación.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Director de tecnología del INTRANT, clave en el control de la red semafórica.
- Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico, responsable del fraude técnico.
- Carlos José Peguero Vargas: Socio en la red de lavado de activos y encargado de los aspectos técnicos del espionaje.
El expediente de 304 páginas documenta cómo esta estructura logró obtener contratos por más de mil millones de pesos sin cumplir con los requisitos mínimos y cómo, a través de actos ilegales, sabotearon la infraestructura crítica de la capital dominicana.
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción y declaratoria de complejidad del caso debido a la magnitud del fraude y el peligro que representan los acusados, quienes podrían obstruir la investigación.
