Somos Pueblo.- Mediante el acto de alguacil No. 621-2026, instrumentado por el ministerial Nevy Furlani de León, los señores Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez (Piro) representantes de Somos Pueblo Media y el señor Hernani Aquino, representante de RD Por Lo Alto, formalizaron un acto de intimación y puesta en mora mediante el cual emplazan a la Junta Central Electoral (JCE) a ordenar la suspensión inmediata del financiamiento público, advirtiendo que su continuidad podría comprometer la legalidad en el manejo de los recursos estatales.
A través de sus abogados, licenciados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos, César V. Polanco Reynoso y J. Rafael Céspedes Amparo, el requerimiento, sustentado en disposiciones legales vigentes, exige al órgano electoral la adopción de medidas urgentes, concretas y verificables dentro de un plazo perentorio, con el objetivo de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto apego a la normativa que regula el uso de fondos públicos.
La intimación establece que el incumplimiento de estas exigencias dará lugar al ejercicio de acciones judiciales en las jurisdicciones competentes, incluyendo la vía contencioso-administrativa, lo que podría escalar el caso a un conflicto institucional de alto perfil.
El pedimento introduce un elemento de significativo impacto público al cuestionar directamente la administración y supervisión del financiamiento político, colocando bajo escrutinio el rol de la JCE como garante del sistema democrático y del correcto uso de los recursos del Estado.
Este movimiento legal abre un escenario con potenciales repercusiones en la confianza ciudadana, la fiscalización electoral y la transparencia del sistema político dominicano, en un contexto donde la vigilancia sobre los fondos públicos adquiere creciente relevancia.
