Somos Pueblo — El Suroeste se moviliza. La Coalición Enriquillo ratificó la convocatoria a una multitudinaria marcha pacífica para este domingo 7 de junio, con el objetivo de exigir la cancelación inmediata de las concesiones mineras de carbonato de calcio, el cierre de granceras ilegales y el cese de la contaminación por exportaciones a granel en el puerto local. A pesar de los intentos de última hora por parte del Poder Ejecutivo para desactivar la protesta, los líderes comunitarios aseguran que la presión en las calles se mantiene como el único mecanismo garantía para salvar los recursos hídricos y la agricultura de la provincia.
La indignación colectiva en la Región Enriquillo responde a las operaciones de minería no metálica (extracción de piedra caliza y agregados de construcción) en zonas de amortiguamiento ecológico, como el Bahoruco Oriental, y en distritos municipales como El Cachón. Según denuncian los ambientalistas, la extracción indiscriminada en las cuencas aluviales está debilitando críticamente los ríos y arroyos que abastecen los acueductos de más de 50 comunidades. A esto se suma el impacto directo en la producción agrícola local (café y plátanos) y la severa contaminación por polvo de mineral en el Malecón de Barahona, provocada por el transporte y carga «a cielo abierto» en el puerto.
La Coalición Enriquillo, que agrupa a más de 30 organizaciones sociales, agrícolas y profesionales del Suroeste, ha estructurado sus demandas en cuatro ejes innegociables: la cancelación de concesiones mediante la revocación inmediata de licencias ambientales a multinacionales y empresas nacionales en áreas protegidas, y la auditoría y cierre de granceras con una fiscalización estricta de las plantas de agregados que operan de manera informal o violando sus límites territoriales. Asimismo, exigen la regulación portuaria para obligar a las empresas a utilizar sistemas cerrados de carga para detener la nube de polvo que afecta la salud pulmonar del casco urbano, y dar prioridad constitucional al agua aplicando el principio de precaución de la Ley 64-00 para anteponer el consumo humano y agrícola por encima del negocio extractivo.
La fuerza del llamado encendió las alarmas en el Palacio Nacional, por lo que este miércoles 3 de junio, una comisión oficial de alto nivel —encabezada por directores gubernamentales como Edgar Augusto Féliz Arbona y Olmedo Caba Romano (INDRHI)— se trasladó de emergencia a Barahona para sostener un encuentro con la dirigencia del movimiento. Si bien las autoridades escucharon formalmente las denuncias sobre la afectación de los sistemas de riego y el puerto, el liderato de la Coalición fue enfático en que la marcha sigue en pie. Al término de la reunión, los voceros aclararon que, aunque valoran el acercamiento, cualquier decisión de diálogo formal debe ser socializada con las bases comunitarias, por lo que el llamado a las calles para este domingo continúa inalterable.
El movimiento se caracteriza por una dirección horizontal y comunitaria, destacando entre sus principales voceros y estrategas a Domingo Féliz, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos Incorporadas de la Región Enriquillo, encargado de la movilización de las bases populares, y Geisel José Medina Féliz, dirigente comunitario clave en la logística interna de las protestas. De igual manera, cuentan con el brazo legal compuesto por los equipos técnicos del Centro CEAJURI y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), y el respaldo moral y de mediación de la Diócesis de Barahona, cuyos sacerdotes locales han respaldado históricamente los reclamos ecológicos de la región. La cita está pautada para las primeras horas de este domingo 7 de junio, en lo que se proyecta como una de las manifestaciones ambientales más importantes de la región Sur en los últimos años.
