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El Tribunal constitucional despenalizó cualquier acto difamatorio o injurioso contra un funcionario en ejercicio de sus funciones.
Dijo que penalizar cualquier expresión contra un funcionario constituye una limitación que afecta el derecho de libertad de expresión y opinión.
Por su parte la corte constitucional mantiene como delito a la difamación, si está concierne a la vida privada e íntima del funcionario.
Adujo que los funcionarios están sometidos a un mayor rigor del escrutinio.
TC/0075/16
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