La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió este martes la medida de coercion de prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial; al coronel Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete.
A los dos militares, la jueza le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a la madre y su hijo, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.
A los cuatro se les ordenó nuevas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grilletes electrónicos.
Al finalizar la audiencia, tanto el Ministerio Público se mostró inconforme con la decisión de la magistrada Rivas.
En opinión de Wilson Camacho, con la decisión el «tribunal lo que quiere es que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones».
Dijo que la medida no estaba conteste con la complejidad del caso que la jueza estableció en el dispositivo de la sentencia y se quejó de que la magistrada les haya culpado por los aplazamientos que se han hecho y que no han permitido el avance del proceso.
También José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Adán Cáceres y Núñez de Aza, por ser altos oficiales activos podrían «poner en peligro la integridad» y el testimonio de 300 testigos del proceso.
Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática.
FUENTE: DIARIO LIBRE
