Santo Domingo, 2 de diciembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió este martes un indulto “total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en una prisión federal por conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y delitos asociadas a armas. La medida borró, en la práctica, una de las condenas por narcotráfico de más alto perfil contra un exjefe de Estado latinoamericano en los tribunales de Nueva York.
De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Hernández ya fue liberado del penal USP Hazelton, en West Virginia, tras la orden presidencial.
Una condena histórica que ahora queda anulada
Hernández fue declarado culpable por un jurado federal en marzo de 2024 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras un juicio en el que la fiscalía lo presentó como pieza central de una red que utilizó instituciones del Estado hondureño para proteger rutas de cocaína hacia EEUU. Posteriormente, en junio de ese mismo año, recibió una pena de 45 años de prisión.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron en el proceso que, durante años, el exmandatario aceptó sobornos de organizaciones narcotraficantes a cambio de protección política y de seguridad. Estas acusaciones fueron respaldadas en juicio por testigos cooperantes y evidencia documental, según los resúmenes judiciales del caso.
La justificación de Trump y la tormenta política en EEUU
Trump defendió públicamente su decisión alegando que Hernández fue tratado “muy duramente e injustamente” y atribuyó la condena a una persecución política durante el gobierno anterior. CNN recogió esta posición y recordó que el indulto ocurre mientras Trump insiste en su narrativa de “mano dura” contra el narcotráfico.
La reacción en Washington fue inmediata. Legisladores demócratas, junto a figuras del ámbito judicial, criticaron que el perdón socava la credibilidad de Estados Unidos en la lucha internacional contra las drogas y envía un mensaje de impunidad a actores políticos vinculados al crimen organizado. Reuters y Politico destacaron que incluso hubo cuestionamientos desde sectores republicanos, señalando la contradicción con la postura oficial de Trump frente al tráfico de drogas en el Caribe y Centroamérica.
El papel del lobby y el contexto electoral hondureño
Diversos reportes en EEUU apuntan a que la decisión estuvo precedida por presiones políticas de aliados de Trump. Politico y Reuters citaron el impulso de Roger Stone, operador histórico cercano al presidente, como uno de los promotores del indulto.
El indulto también se produce en un momento delicado para Honduras. NPR subrayó que Trump no solo anunció el perdón, sino que lo vinculó retóricamente con la contienda presidencial hondureña, respaldando al candidato opositor Nasry “Tito” Asfura y atacando a las fuerzas de izquierda en ese país. Para analistas citados en la prensa estadounidense, ese cruce entre clemencia judicial y política regional levanta sospechas de interferencia en la democracia hondureña.
Qué puede pasar ahora en Honduras
Aunque el indulto elimina la condena federal en EEUU, no borra automáticamente investigaciones o causas internas en Honduras. AP informó que el fiscal general hondureño ha señalado la posibilidad de abrir o reactivar procesos por corrupción contra Hernández en su país.
Hernández, por su parte, ha insistido en su inocencia y en que su caso fue político, afirmación que Trump adoptó como argumento central para justificar el perdón.
Contexto político interno: la reelección y la controversia constitucional
Hernández llegó a la Presidencia en 2014 para un primer mandato de cuatro años. La Constitución hondureña, en su texto histórico, prohibía la reelección presidencial mediante el artículo 239 y otras disposiciones consideradas pétreas. Sin embargo, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable ese artículo y anuló normas conexas, abriendo la puerta a la reelección inmediata. La decisión fue ampliamente debatida dentro y fuera de Honduras, porque implicó que el propio tribunal eliminara un límite que el texto constitucional había establecido como intocable.
Sobre esa base jurídica, Hernández se postuló nuevamente y ganó las elecciones de 2017 para gobernar un segundo período. Aunque su reelección fue legal según el fallo del tribunal, sectores políticos, sociales y organismos de derechos humanos la han descrito como altamente controvertida por el modo en que se habilitó y por la crisis postelectoral que siguió. Este antecedente es parte central del retrato político del exmandatario: su permanencia en el poder dependió de una reinterpretación institucional extraordinaria de los límites constitucionales.
Un precedente que golpea la lucha anticorrupción regional
En los últimos años, la justicia estadounidense había construido un mensaje claro: incluso los presidentes podían terminar en prisión si colaboraban con carteles. El indulto rompe ese relato. Medios liberales de EEUU han enmarcado el episodio como un retroceso: no solo por el efecto simbólico sobre la guerra contra las drogas, sino porque reintroduce el cálculo político en un caso que ya había pasado por jurado, apelaciones y sentencia firme.
Para Centroamérica, la señal es doblemente grave. Por un lado, refuerza la idea de que el poder político puede reescribir la justicia. Por otro, deja a las sociedades que han sufrido violencia, migración forzada y corrupción estatal frente a un nuevo episodio de desprotección internacional.
