Con las instalaciones de más de 100 videocámaras en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no sólo vigila la seguridad a lo interno y en los alrededores de la academia, sino que mantiene a rayas a sus autoridades, que también son monitoreadas por la entidad del Gobierno que, de paso, viola el fuero universitario.
En el 2017, bajo la rectoría de Iván Grullón, las autoridades uasdianas solicitaron al Gobierno su colaboración para colocar las cámaras de seguridad en el interior de la academia, ante los disturbios que enfrentaban en ese momento con estudiantes, por una huelga de profesores, la ayuda le fue aceptada, pero sólo en la parte de las instalaciones de los equipos, pues el 9-1-1 es el que controla y los administra.
“La universidad solicitó que el Gobierno les instale un sistema de vigilancia, pero finalmente, lo que instaló fue un sistema de vigilancia al servicio del sistema 9-1-1, no de la UASD”, dijo el director de tecnología de la UASD, Luis Cabrera.
Esa situación viola el Fuero Universitario que, entre otras cosas, establece delimitar el recinto universitario en el cual no podrá penetrar autoridad alguna sin permiso o sin el asentimiento de la autoridad universitaria competente.
El Gobierno le “compró” la idea a las autoridades que buscaban que le costearan las herramientas para salvaguardar la seguridad de los recursos humanos y los inmuebles de la academia y, ahora, los uasdianos son vigilados de cerca por el Estado y no tienen acceso a lo que captan las cámaras de seguridad.
Cuando el Ministerio de la Presidencia inició el proceso de licitación de las videocámaras, las autoridades de la UASD creyeron que ese sistema iba a ser gestionado y administrado por ellos, al enterarse de que no es así, reclamaron y se les informó que les iban a dar las facilidades para crear un espejo que les permita desde su centro de monitoreo vigilar los módulos de gestión y de acceso de lo que sucede en el campus, pero aún lo están esperando.
Y peor, datos obtenidos por Diario Libre refieren que en ocasiones el 9-1-1 se ha resistido a entregar videos de vigilancia al departamento de seguridad de la academia y a la propia rectora de la UASD, Emma Polanco, que se los han solicitado.
En el 2007, el exrector Roberto Reyna, invirtió RD$7 millones para dotar al campus de cámaras de seguridad, para mantener el control dentro de la universidad y evitar el robo de vehículos, cuyas pérdidas en esos años rondaban los RD$70 millones. Esa inversión se fue a la borda, porque el sistema no funcionó como se promocionó y las pocas que se instalaron se dañaron.
FUENTE: DIARIO LIBRE
