Por más que avancemos como país, la cultura del chivo sin ley no deja de primar en la sociedad dominicana. Ciertamente, el nivel de educación de nuestro pueblo dista mucho de ser al menos aceptable, lo que pasa también con nuestras autoridades, puesto que, generalmente, son elementos del pueblo llano los que llegan a posiciones de mando.
Esa falta de formación, e incluso de información, se traduce al desconocimiento de la ley, a la falta de un ejercicio civilizado de autoridad, a la subordinación política y muy especialmente al “deja eso así” que nos mantiene sumergidos en el tercer mundo. Si a esto sumamos la falta del ejercicio lógico que impera en la mayoría de seres humanos, pues las cosas no pintan bien.
Institucionalmente, República Dominicana no es el mismo de hace 30 o 40 años. En teoría existen más controles, más normativas que cumplir y procedimientos que agotar, pero esto más que ser un ordenamiento que combata la corrupción y mejore la transparencia, más bien ha servido para aumentar la burocracia del Estado dominicano.
Organismos como la Dirección General de Impuestos Internos, los ministerios de Trabajo, Salud Pública, Obras Públicas y Comunicaciones deberían tener un cuerpo de inspectores robusto para velar por la no evasión, la correcta aplicación de las normativas laborales, la salud de los dominicanos y la calidad de las obras que se erigen en suelo nacional, respectivamente, pero no es así.
La tragedia del Jet Set es un caso palpable. A una edificación privada se le hacen anexos y modificaciones estructurales al margen de las disposiciones nacionales y del gobierno local. Lo que no debió ser fue y terminó costándole la vida a más de 200 personas. Y es muy probable que muchas construcciones privadas padezcan situaciones semejantes porque los “controles” lo permitieron.
A nivel público ya sabemos, por opositores y confirmado por funcionarios propio del Gobierno, que unos 300 puentes necesitan de intervención urgente para evitar que se pierdan más vidas como la de Pablo Hinojosa, el camionero que falleció cuando cruzaba el puente que colapsó sobre el río Ozama entre las comunidades de Don Juan y Yamasá, en la provincia Monte Plata.
Pero no se trata solo de puentes y viejas estructuras. Un tramo de la nueva circunvalación de Baní colapsó. Sí, colapsó. A la vía que, de acuerdo al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, “une al país y da vida al Sur” se le fue un pedazo, no por las lluvias, no por la tormenta Melissa, sino, según expertos, por vicios de construcción.
Revisando el boletín hidrometeorológico de esos días, apenas cayeron sobre la zona 85 milímetros de lluvia en ocho días, insuficientes como para derribar una estructura nueva y con materiales de calidad. De hecho, durante el paso de la tormenta Melissa, la semana anterior, ninguna edificación, puente o construcción no vulnerable colapsó en zonas donde se registraron hasta 900 milímetros de lluvia en menos de una semana.
La circunvalación había sido inaugurada hacía dos meses atrás, pero había sido abierta por momentos a inicios de año, en Semana Santa y en fines de semana largos. Acaso, ¿ningún inspector de Obras Públicas pudo ver anomalías durante el proceso de construcción, iniciado en la primera gestión de Danilo Medina, es decir, hace más de 20 años? O más sencillo, desde que se otorgó el contrato para desarrollar la obra, ¿no hubo un seguimiento a los trabajos que realizaban las dos empresas contratistas que en su mayoría construyeron la vía?
En un Estado sin consecuencias para los más grandes pasa eso y más. Nuestros inspectores en diversas instituciones no se ven como autoridades, sino como muchachos de mandado que si averiguan mucho en empresas grandes los quitan del medio porque están molestando. Esto tal vez es más común cuando ese empleado del Estado fue nombrado por compromiso político y no por su capacidad en un área técnica.
No hay que salir de Latinoamérica para encontrar países en donde los técnicos son respetados y no son tocados en un cambio de administración porque son los que hacen cumplir la ley y lucir bien a los políticos que dirigen el Estado, no los compañeros valiosos que necesitaban un trabajo en la cosa pública. Chile, que salió de una dictadura hace 35 años, es un ejemplo de eso.
La educación no es un mito, no es retórica. Con ella se construye una mejor sociedad, ciudadanos conscientes y autoridades respetuosas, que juntos nos pueden convertir en un modelo para América Latina y el mundo. Para ello necesitamos salir de las dádivas, de las iniciativas clientelares, generadoras de miseria y de una falsa esperanza que nos hacen creer que los políticos son los que van a mejorar nuestra calidad de vida y no nosotros mismos con las políticas atinadas que den al traste con un rol ciudadano activo en la transformación social.
