Inversiones Cataleya, S.R.L., una de las empresas vinculadas al caso de presunta estafa conocido como operación Gaviota, pasó de manejar un promedio mensual de 30 mil pesos hasta noviembre de 2021, a gestionar montos de hasta 93 millones de pesos mensuales, según revela la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
El Ministerio Público señala a esta empresa como una de las que registraba mayores movimientos de fondos dentro de la estructura y con una alta captación de personas.
“La razón social Inversiones Cataleya, S.R.L., a diferencia de Investor Winner IW, S.R.L., estaba constituida antes del inicio de las operaciones de la estructura, específicamente desde el 9 de abril de 2015, con un capital social autorizado de 100,000 pesos. Sin embargo, su objeto social no guardaba relación con este tipo de actividades”, indica el MP.
El documento identifica como socios fundadores de la sociedad comercial al imputado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, quien ocupaba el cargo de gerente, y a Claudia Gertrudys De Aza Almonte, con 10 cuotas sociales.
“Esta empresa participó en contrataciones con el Estado dominicano entre 2017 y 2019, suministrando desde enseres hasta alimentos, actividades que estaban relacionadas con su objeto social”.
En cuanto a los movimientos financieros y los altos montos, estos se originaban por los depósitos de las víctimas, los cuales eran recibidos o captados por Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Claudia Gertrudys De Aza Almonte, según la acusación.
Además de los supuestos pagos de comisiones a las víctimas, en las cuentas se aprecian transferencias del dinero captado a favor de los investigados, lo que los vincula como beneficiarios de la red. Se pueden observar transferencias y pagos a favor de O’Neill Alberto Nivar y Robert Evangelista.
El expediente resalta que cuando no pudieron continuar con los pagos, Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Claudia Gertrudys De Aza Almonte cedieron cuotas sociales a Ana Francisca Martínez Batista, hermana de Rafael Martínez, y a Jesús Manuel De la Cruz Pache, quienes ahora figuran como socios de la compañía.
Debido a la estructura delictiva que operó desde finales de 2020 hasta septiembre de 2022, las autoridades presentaron cargos formales contra ocho personas físicas y 15 empresas.
El modus operandi de esta red criminal consistía en atraer a individuos prometiendo rendimientos mensuales del 10% al 30% de la inversión realizada. Se aseguraba que estos beneficios provendrían de operaciones de trading realizadas a través del bróker Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por miembros de la estructura.
