Somos Pueblo. – La reintroducción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca regular los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje es una iniciativa, presentada por el diputado por la provincia de Santiago, Braulio de Jesús Espinal Tavárez, tiene como objetivo establecer un marco normativo que garantice mayor transparencia y seguridad en las transacciones del sector.
El legislador, quien en la pasada legislatura presidió la comisión especial que analizó y rindió un informe favorable con modificaciones a la propuesta, explicó que el nuevo proyecto incluye avances y modificaciones esenciales para su correcta aplicación. «Tomamos en cuenta las modificaciones y el avance que se ha hecho (con el anteproyecto) ya en los últimos años», expresó Espinal Tavárez.
El proyecto de ley incorpora cambios clave orientados a fortalecer la regulación del sector y prevenir fraudes. Entre estos destacan:
- Principios rectores: Se introduce el artículo 3, que establece que la normativa se regirá bajo principios de buena fe, transparencia, lealtad e información, garantizando un mercado más equitativo.
- Control de precios: En el artículo 12, se determina que los servicios inmobiliarios estarán bajo un sistema de libertad vigilada, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
- Vigencia de licencias: Se limita a dos años la duración de las licencias de operación para corredores, agentes, asistentes en ventas, inmobiliarias y franquicias. Además, si una licencia vence y no se renueva en un plazo de tres meses, será necesario presentar una declaración jurada que certifique la inactividad para evitar sanciones.
- Registro obligatorio: El artículo 34 estipula que los profesionales del sector deberán inscribirse en un registro oficial y cumplir con requisitos como capacitación certificada, contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil y no poseer antecedentes penales.
- Sanciones: Se establecen penalidades por ejercicio sin licencia, falsificación de datos, omisión de información relevante y usurpación de funciones.
El Senado también toma acción
De manera paralela, en el Senado de la República se impulsa una iniciativa con el mismo propósito. El senador por la provincia de La Romana, Eduard Espíritusanto, sometió un anteproyecto de ley que busca establecer un sistema confiable y sancionar a quienes incurran en fraudes inmobiliarios.
«Las estafas inmobiliarias son cada vez más frecuentes en nuestro país, y con mayor recurrencia afectan a dominicanos residentes en el exterior. Muchos ciudadanos invierten el ahorro de toda su vida en la adquisición de una vivienda y, en un abrir y cerrar de ojos, pierden todo debido a fraudes», expresó Espíritusanto en una nota de prensa.
El legislador enfatizó la necesidad urgente de una normativa que brinde seguridad tanto a compradores como a empresas inmobiliarias. «El país necesita una ley que garantice que todas las transacciones se realicen bajo el marco de la legalidad, la confianza y el respeto mutuo», afirmó.
El sector inmobiliario en República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, impulsado por la inversión local y extranjera. Sin embargo, este auge también ha estado acompañado de un aumento en los casos de estafas y fraudes, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza en el mercado.
De acuerdo con expertos en derecho inmobiliario, la ausencia de una regulación clara ha permitido la proliferación de prácticas fraudulentas que afectan a compradores y propietarios. «Uno de los principales problemas en el sector es la falta de control sobre quiénes pueden operar como corredores o agentes inmobiliarios. Cualquier persona sin preparación ni certificación puede ofrecer servicios, lo que deja a los compradores en una situación de vulnerabilidad», explicó un abogado especializado en bienes raíces.
En ese sentido, la aprobación de una legislación que establezca requisitos claros para el ejercicio de la intermediación inmobiliaria y sanciones efectivas contra quienes incumplan la normativa representaría un avance significativo en la protección de los consumidores.
El proyecto reintroducido en la Cámara de Diputados y el anteproyecto en el Senado reflejan la creciente preocupación de las autoridades por regular el sector inmobiliario. Sin embargo, aún queda por verse si ambas iniciativas serán debatidas y aprobadas en el actual período legislativo.
Dada la magnitud del problema, sectores empresariales, asociaciones de consumidores y entidades gubernamentales han manifestado la necesidad de una pronta aprobación de la normativa. La expectativa es que la regulación permita no solo reducir el número de estafas, sino también fortalecer la confianza en un mercado que representa una parte fundamental de la economía dominicana.
