Somos Pueblo – Santo Domingo, R.D. — El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó su rechazo a la decisión del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional de imponer medidas de coerción que calificó como insuficientes contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados en la investigación por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, suceso en el que murieron 236 personas, según cifras oficiales.
El tribunal dictó como medida de coerción una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos, además del impedimento de salida del país y presentación periódica para los imputados. También declaró el proceso como caso complejo, lo que permite mayor tiempo para la investigación.
Sin embargo, Camacho consideró que la decisión no guarda proporción con la gravedad de los hechos ni con la magnitud de las consecuencias. “Esta decisión se burla de las víctimas”, afirmó al salir de la audiencia. También señaló que el Ministerio Público apelará la medida, al considerar que se trató de “una incorrecta valoración” por parte del tribunal.
“La muerte de 236 personas no puede ser respondida con una simple garantía económica. Esta no es una sanción adecuada ni suficiente frente a una tragedia de tal escala”, añadió el funcionario, reiterando el compromiso del Ministerio Público de buscar sanciones proporcionales a la magnitud del hecho.
La investigación por el desplome de la estructura continúa abierta, y hasta el momento no se han revelado detalles técnicos oficiales sobre las causas del colapso ni sobre la responsabilidad penal de los imputados.
