¿UN CANTO DE MUJER?
Por Juan Llado — Somospueblo.com
Varias reinas famosas de Occidente han llevado el nombre de Catalina. No sabemos, sin embargo, si por eso se bautizó con ese nombre la planta generadora de electricidad que es hoy blanco en nuestro país del más encendido avispero político. A la planta se le proyecta como la salvación de la interminable crisis eléctrica que padecemos, mientras por otro lado se señala como el mayor “cuerpo de delito” del escándalo de Odebrecht. De ahí que debamos, cual evaluación de los atributos físicos de una mujer, ponderar apropiadamente las virtudes y los defectos situacionales de ese proyecto para decidir si paralizarlo, terminarlo o venderlo.
Como es bien conocido, la construcción de la planta está actualmente en manos del consorcio que “ganó” la criticada licitación. Este está compuesto por la mefistofélica Odebrecht, la empresa italiana Technimont y la firma local Acero Estrella. Según las declaraciones de los funcionarios encargados, el proyecto producirá 720 MW y ya alcanza el 70% de su desarrollo. Su entrada en operación se anuncia para mediados del 2018. Y se asegura que el financiamiento requerido para terminarla ya está asegurado porque el Congreso aprobó una emisión de bonos de US$600 millones para reemplazar el cancelado aporte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
En su reciente comparecencia ante el Congreso, el Presidente Medina ratificó el optimismo oficial respecto a la planta. Dijo que Catalina “aumentará entre un 35% y un 40% la oferta de energía en el país” y que “estaremos por primera vez produciendo tanta energía como necesitamos, garantizando un suministro estable de energía por más de 25 años”. Porque la planta producirá energía a 7.5 centavos de dólar por kilovatio hora el Estado se ahorraría así US$441 millones anualmente, lo cual es la mitad de la facturación más baja de las generadoras existentes. También dijo que se terminarían los apagones porque la producción de la planta sería suficiente para cubrir el déficit actual. En otras palabras, Catalina seria la panacea para conjurar los mayores problemas del sistema eléctrico y por ende debe terminarse.
Sin embargo, muchos analistas dudan si Catalina verdaderamente será “un canto de mujer”. En primer término, no se entiende que, una vez entrada en operación la referida planta, se resolverá el problema del subsidio fiscal al sector. El mismo Presidente Medina señaló que el subsidio alcanzó un promedio de unos US$1,000 millones anuales durante el periodo 2004-2016, por lo cual no será posible que el ahorro anunciado termine con ese escape fiscal. De hecho se ha señalado que el problema mayor es el de las perdidas (técnicas y no técnicas) de las distribuidoras de electricidad (EDES), las cuales todavía alcanzan un 31.3% de la energía servida.
En julio del pasado año los negociadores del Pacto Eléctrico acordaron bajar las pérdidas de las EDES en un 15% en seis años, pero es razonable dudar de ese logro dado que las promesas del 2012 no se cumplieron. Por el contrario, las pérdidas no técnicas tienen que haber aumentado por efecto de un aumento considerable del personal empleado desde el 2012. Si se toman en cuenta otras ineficiencias administrativas y el robo de electricidad, esas pérdidas podrían haber aumentado significativamente. Las mejoras, entonces, habría que atribuirlas a pérdidas técnicas, aquellas que se registran en el proceso de transformación, medición y transporte de la electricidad a través del uso de materiales y equipos.
Según fuentes confiables consultadas, hay otra razón de peso por la cual el subsidio no cesará con la entrada de Catalina: su aporte no conjurará el déficit de generación a los precios deseados. En el 2016 al menos 2,100 Mw debieron añadirse a la oferta, mientras de hoy al 2018 no se prevé la entrada de más de 900 Mw. Según esta fuente, la capacidad real de generación existente no sobrepasa los 2,500 Mw, mientras la demanda máxima abastecida ronda los 2,300 Mw y la demanda máxima ya excede los 2,400 Mw. Con la entrada de Punta Catalina, la terminación del Ciclo Combinado de Los Mina y los 471 Mw licitados por la CDEEE después del fin del Acuerdo de Madrid (y ganados por AES Andres y EGE Itablo), para tener energía a menos de 8 centavos de dólar por kilovatio hora habría un faltante de 1,100 Mw que tendría que ser cubierto por las plantas con un alto costo de producción.
El Plan Estratégico de la CDEEE 2013-2016 propuso atacar los problemas del sector eléctrico con acciones sobre tres ejes: modificación de la matriz de generación, reducción de pérdidas y eficiencia de la gestión. En relación a lo primero, el Presidente Medina informó en su discurso que en el 2016 se añadieron a la oferta 110 megavatios de energías renovables. Eso no parece compadecerse con la magnitud del déficit y la perspectiva es de que, tal y como lo prevé el Plan Estratégico mencionado, las adiciones previstas no cambien sustancialmente la matriz energética en el mediano plazo. La opinión de la fuente consultada es que debe elaborarse “un plan de expansión sustentado en una proyección de la demanda real por región, para suplir en todo momento el 100% de la demanda a un costo mínimo.” Eso no se está haciendo.
Para cualquier observador ecuánime este panorama no pinta bien. Las perspectivas de cambio en la matriz de generación y de reducción de pérdidas no parecen buenas, amén de que la “eficiencia de la gestión” de nuestro sistema eléctrico siempre ha sido ínfima. En este contexto y dado el avispero relacionado con las confesiones de Odebrecht, urge evaluar la actual situación de Catalina en relación a las necesidades actuales y por venir.
En función de lo anterior, lo más sensato sería que no se paralice la obra de Catalina para que pueda entrar en operación lo antes posible. Esto así porque debemos reducir el subsidio eléctrico para mejorar las finanzas públicas, ya que, según el Presidente, el subsidio es responsable de nuestro creciente endeudamiento externo. Otra cosa seria la decisión de si Odebrecht debe ser la empresa que finalice la planta, faltando unos 18 meses de trabajo para completarla. La respuesta, por supuesto, depende de los resultados que reporte la Comisión nombrada por el Presidente para evaluar la idoneidad de la licitación correspondiente. A pesar de las críticas que se han vertido sobre la composición de esa Comisión y sobre su alegada suplantación del rol del Procurador General, no hay otra alternativa que esperar sus conclusiones oficiales porque serán las que determinen el curso de acción del Gobierno.
Sin embargo, la confesión de Odebrecht sobre los sobornos orquestados entre el 2002 y el 2014 sugieren que, ciertamente, pudo haber dolo en la concesión de Catalina. Tal confesión obliga a que a que en esto aplique la presunción de culpabilidad y no la de inocencia: también pudo haber sobrevaloración de la obra para beneficiar a unos cuantos trúhanes. Esta última sospecha cobra mayor credibilidad con las declaraciones de un prominente miembro del Comité Político del partido de gobierno que asegura que ha habido sobrevaloraciones en las obras de Odebrecht (aunque exceptuo a Catalina), amén de que esa declaración fue refrendada por el senador de La Vega. De ahí que independientemente de que la Comision confirme o no las inconductas, la confesión de Odebrecht respecto a los sobornos constituye una base suficientemente sólida para que se apliquen las previsiones penales de las leyes 449-06 y 448-06 sobre contrataciones públicas y sobre sobornos.
En tal sentido, debe tomarse muy en serio la petición de los partidos de oposición para que se paralice inmediatamente la obra y se haga una nueva licitación que escoja otra empresa que la termine. Legalmente, no queda otra alternativa que sacar de inmediato a Odebrecht y sus empresas asociadas del proyecto.
¿Pero es la aplicación de la ley lo que más le conviene al país? No cabe duda de que tal medida implicaría costos adicionales para el Estado y talvez una dilación de tres o cuatro meses en la conclusión de la obra. ¿Se podría evitar ese costo, mediatizando la majestad de la ley y acomodando las cosas a las viejas usanzas? ¿Sería eso preferible a darle un portazo en las narices a la práctica de la impunidad? ¿Debe el caso de Odebrecht y la planta de Catalina en particular significar el “punto de inflexión” al que aspira la ciudadanía victimizada?
Existe una manera para asegurar, sin ofender más a la ciudadanía, la continuación sin pausa del proyecto. Es que aparezca un comprador que asuma la terminación de la obra y reembolse al Estado lo invertido hasta ahora en la planta. Eso podría no ser muy difícil siempre que el comprador suministre la electricidad al precio que las autoridades aspiran conseguir con la operación de Catalina. Si aparece un comprador de este tipo, esta sería sin duda la opción más deseable. Con la venta el Estado también podría disponer de los cuantiosos fondos ya invertidos y usarlos para otros urgentes fines.
Las evidencias surgidas hasta ahora, incluyendo las que se refieren a los costos de inversión de plantas similares en otros países, sugieren que Catalina es “un canto de mujer” porque podría ser el mayor “cuerpo del delito” en el entramado de corrupción de Odebrecht en el país. Pero las penalidades de la empresa no deben, por supuesto, quedarse en lo relativo a esa obra. El país debe instrumentar las diligencias requeridas para conseguir una indemnización global que sea equivalente por lo menos a lo adeudado al BNDES, un banco del Estado brasileño que se prestó para viabilizar el entramado de corrupción de Odebrecht.
En vista de que el útero fecundo que da origen a los sobornos de Odebrecht es Petrobras, otra entidad brasileña también estatal, la indemnización debe consistir en que los registros contables del BNDES traspasen a Odebrecht los actuales débitos de Republica Dominicana. El apadrinamiento de la corrupción por parte de estas dos entidades del Estado brasileño es la base, legal y diplomática, para este justo reclamo. Solo si Brasil impone tal penalidad a la empresa podría resarcirse el honor nacional frente al daño infligido por esta empresa con la complicidad de los políticos sobornados del patio.
