Santo Domingo. – El pasado diciembre, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó el decomiso más grande en la historia de la República Dominicana, incautando 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo. La operación, valorada en 250 millones de dólares, se ejecutó en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) y cuerpos de inteligencia del Estado. Las sustancias ilícitas se encontraron en un contenedor de bananos proveniente de Guatemala, con destino final en Bélgica.
Tras el decomiso, el presidente Luis Abinader prometió un informe conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA), del cual aún no se han conocido detalles. Mientras tanto, el Ministerio Público investiga a 15 personas vinculadas al caso, pero no ha presentado medidas de coerción. Este silencio ha generado críticas y especulaciones en diversos sectores.
El Gobierno de Guatemala se deslindó rápidamente, argumentando que la contaminación del cargamento ocurrió en suelo dominicano. Según las autoridades guatemaltecas, el contenedor había sido inspeccionado y catalogado como no sospechoso antes de salir de su territorio. De igual forma, Honduras negó inicialmente que el contenedor hubiera tocado sus puertos, aunque luego la Dirección General de la Marina Mercante confirmó que el buque realizó una escala en Puerto Cortés sin desembarcar el contenedor.
A estas contradicciones se sumó Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, afirmó que la cocaína provenía de grupos armados del Catatumbo, una región conocida por su actividad narcotraficante. Según Petro, el decomiso fue posible gracias a la colaboración de la inteligencia policial colombiana, lo que añadió un nuevo capítulo a las complejas rutas internacionales del narcotráfico.
La incineración del alijo tres días después del decomiso, en Pedro Brand, levantó críticas de la oposición política. Rolando Rosado Mateo, exdirector de la DNCD, cuestionó la rapidez de la destrucción de evidencia y pidió mayor transparencia en el manejo del caso. Hoy lunes 5 de enero se cumplen un mes, y aún no hay informes y ni detenidos.
