Santo Domingo. En la conmemoración del Día del Poder Judicial, celebrada este martes, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, destacó como la principal calamidad del sistema judicial la mora judicial, una problemática que afecta directamente a miles de ciudadanos y genera graves repercusiones para la sociedad en general.
Durante su intervención, Molina subrayó que esta acumulación de casos pendientes afecta el sentido de justicia en la población y “lacera la vida de quienes la padecen”. En respuesta, reafirmó que la erradicación de la mora judicial se ha convertido en el objetivo central de su gestión, buscando generar una justicia más accesible y eficiente para todos los dominicanos.
“Para todos es sabido que la principal calamidad que ha sufrido el sistema de administración de justicia ha sido la mora judicial, la cual trastorna todo sentido de justicia en la población», expresó Molina. En su intento por abordar este reto, el presidente de la Suprema Corte reveló que las salas de la Corte Suprema están trabajando arduamente con los casos ingresados en 2023 y que el objetivo es no tener expedientes pendientes por más de seis meses.
A pesar de los avances, algunas salas todavía enfrentan dificultades. La Sala Civil, la que más casos recibe, sigue con 506 expedientes por resolver para cumplir con la meta. Por su parte, la Sala Penal solo tiene dos casos pendientes, mientras que la Tercera Sala, que abarca los casos de Tierras, Laboral, Contencioso-tributario y Contencioso-Administrativa, ha reducido su mora a 459 expedientes sin resolver.
Molina hizo un paralelo entre el esfuerzo judicial y el trabajo agrícola, comparando el proceso de reducción de la mora judicial con la tarea constante de los agricultores al enfrentar la maleza. “El trabajo contra la mora judicial se asemeja a la labor de nuestros agricultores: un esfuerzo paciente y constante de sembrar y cosechar, pero enfrentando persistentemente la maleza”, manifestó el juez presidente.
Para respaldar este esfuerzo, se está trabajando con la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación de casos y evitar las prácticas dilatorias. Esta ley, que ha acortado el tiempo promedio para la tramitación de los expedientes de dos años a menos de cinco meses, ha sido un pilar en la lucha por la eficiencia judicial.
Las declaraciones de Luis Henry Molina se dieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, durante el acto que celebró el Día Nacional del Poder Judicial, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
