Somos Pueblo – El Ministerio Público presentó este jueves nuevos elementos probatorios en el juicio que se sigue por los casos Coral y Coral 5G, donde se acusa a exfuncionarios militares y civiles de corrupción administrativa, lavado de activos y asociación de malhechores.
Durante la audiencia celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se escucharon las declaraciones de siete peritos, quienes detallaron el avalúo de varios bienes que, según la acusación, habrían sido adquiridos con fondos de origen ilícito y ocultados mediante el uso de prestanombres.
Bienes bajo análisis
Entre los inmuebles analizados figuran tres residencias ubicadas en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas, de acuerdo con las investigaciones, por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Los informes periciales estiman que dichas propiedades tienen un valor conjunto de US$3,486,544.92.
El órgano acusador sostiene que los inmuebles fueron registrados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., supuestamente vinculada a la también imputada Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, como parte de un esquema para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
Asimismo, se presentó el avalúo de una propiedad registrada a nombre de la Asociación Campesina Madre Tierra, atribuida a Cáceres Silvestre. Este inmueble incluye instalaciones avícolas y terrenos agrícolas, y tiene un valor estimado de US$3,856,046. Según el Ministerio Público, el exoficial utilizó como fachada a terceros, entre ellos Elvin Rudys Martínez y Rossy Guzmán Sánchez, quienes figuran como presuntos directivos de la asociación. En audiencias anteriores, Martínez habría admitido haber prestado su nombre para esos fines.
Testimonios sobre presuntas irregularidades en Conani
Durante la misma jornada, declararon exfuncionarios de Nómina, Asuntos Legales y Compras del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), quienes denunciaron supuestas irregularidades cometidas en 2020 durante la gestión de Greibby Cuello Coste, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, otro de los imputados en el caso.
Los testigos indicaron que Cuello Coste designó al coronel Rafael Núñez de Aza como gerente financiero del Conani, a pesar de que ya desempeñaba funciones similares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). Aunque la Contraloría General de la República revocó esta designación, Núñez de Aza fue mantenido como representante ante el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad.
Avance del proceso judicial
El Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez. Hasta la fecha, el expediente incluye la presentación de 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 pruebas materiales y 120 informes periciales.
El proceso es conocido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo. La próxima audiencia fue pautada para el martes 29 de julio de 2025, a las 9:00 de la mañana.
