La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la cancelación y suspensión, de oficio, del Registro de Proveedores del Estado (RPE) para personas físicas y jurídicas que hayan sido condenadas o se encuentren bajo proceso judicial por delitos cometidos contra la administración pública.
La medida fue establecida mediante la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, emitida en cumplimiento de las atribuciones legales de la institución.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la decisión se basa en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo establecido por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento de aplicación, así como la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
Pimentel destacó que el objetivo de esta disposición es salvaguardar la transparencia en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, evitando que personas condenadas por actos de corrupción puedan continuar beneficiándose de contratos con el Estado.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del sistema, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos públicos”, señaló el funcionario.
