Somos Pueblo | La recién promulgada Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25) establece que la publicidad estatal deberá contratarse de manera directa con los medios y plataformas. Se informó que esta normativa prohíbe expresamente el uso de agencias publicitarias o cualquier otra forma de intermediación comercial. Se alega que la disposición busca eliminar sobrecostos y distorsiones en los precios que tradicionalmente generaban los intermediarios. Se presume que esta medida impactará profundamente la forma en que el Estado dominicano gestiona su presupuesto de comunicación.
El artículo 167 del reglamento de aplicación es explícito al señalar que la contratación directa solo procederá cuando el contrato se suscriba con el titular del espacio. Se informó que esto incluye a la prensa escrita, radio, televisión, sitios web, redes sociales y plataformas de streaming que operan en el país. Se alega que la prohibición de representantes externos garantiza que el dinero público llegue directamente a quienes difunden el mensaje institucional. Se presume que con esta regla se evitará que personas ajenas a los medios se beneficien de los recursos estatales.
Asimismo, la normativa refuerza los principios de eficiencia y transparencia en el uso de los fondos destinados a la pauta oficial del Gobierno. Se informó que el reglamento impide que existan agencias que encarezcan los servicios mediante comisiones o tarifas que no corresponden a la realidad del mercado. Se alega que esta medida permitirá una fiscalización más estricta sobre a qué medios y plataformas se les está otorgando publicidad. Se presume que la eliminación de intermediarios facilitará la identificación de posibles conflictos de interés en la asignación de contratos.
Finalmente, la Ley 47-25 representa un cambio de paradigma en la relación del Estado con los dueños de medios y generadores de contenido digital. Se informó que las instituciones públicas deberán ahora tratar directamente con las plataformas titulares para gestionar sus órdenes de compra publicitarias. Se alega que esta centralización de la contratación directa busca maximizar el rendimiento de cada peso invertido en la comunicación oficial. La vigilancia ciudadana espera que esta ley se cumpla estrictamente para terminar con el supuesto clientelismo a través de agencias de publicidad favorecidas.
