La Asociación Dominicana de Empresas de Combustibles (ADECOM) expresó su respaldo a la posición de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) en relación con las disposiciones sobre la gestión de residuos sólidos, y llamó a que cualquier política en esta materia se sustente en criterios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad económica.
La entidad señaló que el sector de los combustibles opera bajo un régimen estrictamente regulado, con precios controlados, márgenes comerciales previamente establecidos y una estructura fiscal definida por ley. En ese contexto, indicó que, aunque el sector registre altos niveles de facturación, su rentabilidad neta es limitada, lo que reduce la capacidad de absorber nuevas cargas económicas sin comprometer la viabilidad de las empresas, en especial de las micro, pequeñas y medianas que forman parte de la cadena de distribución.
ADECOM advirtió que el precio final de los combustibles ya incorpora diversos impuestos, tasas y contribuciones, por lo que la eventual imposición de nuevos costos vinculados a la gestión de residuos sólidos podría generar una presión adicional desproporcionada sobre un sector que, según afirmó, cumple de manera rigurosa con sus obligaciones fiscales, ambientales, operativas y de seguridad.
“La formulación de políticas públicas en materia ambiental debe basarse en análisis técnicos y evaluaciones de impacto económico, con una diferenciación adecuada por sectores, para evitar distorsiones que afecten la competitividad y la sostenibilidad de actividades productivas estratégicas para el país”, señaló la asociación en un comunicado.
ADECOM reiteró su compromiso con la sostenibilidad ambiental y con una gestión responsable de los recursos, al tiempo que insistió en la necesidad de un marco regulatorio coherente, equilibrado y realista que garantice la continuidad operativa del sector combustibles y su aporte al desarrollo económico nacional.
Finalmente, la asociación manifestó su disposición a continuar trabajando de manera coordinada con CODOPYME, las autoridades competentes y los distintos actores del sector productivo, con el objetivo de construir soluciones que armonicen los objetivos ambientales con la realidad económica y regulatoria de la República Dominicana.
