Somos Pueblo | La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, admitió que el órgano de control enfrenta significativos retrasos en las auditorías de instituciones clave. Se informó que entidades envueltas en escándalos actuales, como el ITLA y SeNaSa, no poseen informes de fiscalización actualizados desde hace años. Se alega que la complejidad y el tamaño de estas instituciones han dificultado la entrega de resultados definitivos a la ciudadanía. Se presume que esta falta de supervisión oportuna ha facilitado el manejo irregular de los recursos públicos.
La funcionaria reveló que para el presente año tienen pendientes 79 auditorías que abarcan diversos ministerios y gestiones presidenciales recientes. Se informó que la mayoría de estos expedientes corresponden a la administración actual, lo que genera dudas sobre la transparencia gubernamental. Se alega que instituciones como Aduanas y el Ministerio de Industria y Comercio operan con datos auditados que no superan el año 2019. Se presume que la ausencia de estados financieros actualizados impide una fiscalización efectiva por parte del Ministerio Público.
Asimismo, Polanco destacó que las alcaldías son los organismos que más denuncias reciben por supuestas irregularidades administrativas en el nuevo portal «Ojo Ciudadano». Se informó que el manejo de presupuesto en zonas remotas carece de controles técnicos y financieros adecuados para garantizar la legalidad del gasto. Se alega que muchos funcionarios municipales carecen del conocimiento gerencial necesario para administrar los fondos del Estado. Se presume que esta debilidad institucional fomenta un ambiente propenso a la corrupción y al desfalco millonario.
Finalmente, la Cámara de Cuentas instó a la población a utilizar las herramientas digitales para alertar sobre posibles deficiencias en el uso de los impuestos. Se informó que la actualización de los registros de legalidad es fundamental para que los nuevos incumbentes no arrastren irregularidades de gestiones pasadas. Se alega que el país requiere de un órgano de control más ágil que no limite su trabajo a «auditorías lejanas» mientras ocurren los supuestos robos. Se presume que la presión social será la única vía para que los informes pendientes salgan a la luz pública.
