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sábado, febrero 21, 2026

Hacienda Rosalinda, S.R.L. desmiente a Cristóbal Colón, S.A. y denuncia irregularidades en propiedad de terrenos

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Somos Pueblo | La empresa Hacienda Rosalinda, S.R.L. emitió este 21 de febrero un contundente comunicado oficial en respuesta a las recientes declaraciones de la razón social Cristóbal Colón, S.A., calificando su narrativa como una «legalidad aparente» que omite sentencias judiciales firmes e inconsistencias registrales graves sobre terrenos ubicados en la zona de Guerra y Monte Plata.

En el documento, Hacienda Rosalinda detalla seis puntos clave que contradicen la postura de su contraparte:

Sentencias Irrevocables: Afirman que el Tribunal de Jurisdicción Original ya ratificó su derecho de propiedad mediante la Decisión No. 51 de 2002, la cual tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Vicios de Origen: Denuncian que el título en el que se ampara Cristóbal Colón, S.A. figuraba originalmente a nombre de una tercera persona ajena al proceso, según certificaciones de 2002.

Exclusión Territorial: Resaltan que en el contrato de compraventa de 1980 de la propia empresa Cristóbal Colón, se excluyeron los terrenos al oeste de la carretera Guerra–Bayaguana, área que actualmente ocupan y explotan de forma presuntamente ilegal.

Irregularidades en 2023: Critican la emisión de duplicados de títulos por supuesta «pérdida» en 2023, a pesar de que existían expedientes activos que debieron impedir dichas actuaciones.

La entidad denunciante señala además un perjuicio económico multimillonario por más de cuatro décadas de explotación ilegal de caña de azúcar y otros recursos en sus terrenos. Ante la gravedad de los hechos, Hacienda Rosalinda hizo un llamado directo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a entidades financieras para que investiguen las actuaciones administrativas que han permitido esta situación.

«Sin Justicia no hay patria», concluye el comunicado, reafirmando que la empresa llevará la defensa de su propiedad, protegida por el artículo 51 de la Constitución, ante todas las instancias legales nacionales e internacionales necesarias para restablecer el estado de derecho.

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