Somos Pueblo — Una jueza federal ordenó confirmar un laudo arbitral que obliga a la República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario Michael Lee-Chin. Esta decisión surge tras una batalla legal de casi una década derivada de la terminación de un contrato para operar el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte, donde la jueza Colleen Kollar-Kotelly desestimó los intentos del Gobierno por anular la decisión internacional y dio la razón al inversionista jamaicano-canadiense.
El conflicto se remonta a julio de 2013, cuando el entonces alcalde Francisco Fernández anunció la cancelación del contrato y justificó la supuesta ocupación del vertedero alegando violaciones por parte de la empresa Lajun Corporation. Las autoridades locales calificaron en ese momento la gestión del relleno sanitario como una «bomba de tiempo», lo que motivó acciones legales y administrativas para retomar el control de los terrenos y la operación del depósito de desechos sólidos.
Posteriormente, en abril de 2017, el Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte declaró el municipio en estado de emergencia sanitaria para ratificar la rescisión del contrato bajo la gestión de René Polanco. Finalmente, en enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el acuerdo de concesión entre la Alcaldía y Lajun Corporation, proceso judicial que ha culminado ahora con esta millonaria condena económica contra el Estado dominicano en tribunales extranjeros.
