Somos Pueblo | El representante legal del señor Rony Cabo denunció que el Ministerio Público se ha negado de manera reiterada a ofrecer una respuesta concreta sobre las causas reales que provocaron el deceso de la niña Gazaíl, hija de su representado, manteniendo bajo hermetismo el resultado del peritaje forense correspondiente.
Ante la falta de respuestas a las solicitudes depositadas, la defensa técnica interpuso una acción de amparo con el objetivo de que un tribunal ordene de forma obligatoria la entrega de una copia certificada del informe de autopsia. Inicialmente, el caso fue conocido por un tribunal civil que se declaró incompetente, declinando el proceso hacia una sala penal que, a la fecha, se encuentra a la espera de ser asignada para conocer el fondo de la petición jurídica.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el togado, el procedimiento de indagación inicial en la provincia de Santiago ya concluyó, al punto de que la fiscal titular de esa demarcación remitió el expediente completo hacia la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la coordinación del magistrado Wilson Camacho. Sin embargo, los denunciantes aseguran que en las sedes oficiales de Santo Domingo persisten los retrasos y las trabas administrativas cada vez que acuden en busca de información.
La representación legal de la familia Cabo calificó la postura institucional como una vulneración a los derechos fundamentales y constitucionales de acceso a la información pública y oportuna. Asimismo, los afectados manifestaron que continuarán agotando los canales correspondientes en los tribunales hasta lograr que las autoridades correspondientes transparenten el informe médico-legal y se esclarezcan las circunstancias que rodearon la pérdida de la menor.
